Durante
la colonia, los jóvenes ‘españoles’, ‘blancos’, que residían donde hoy es
Ecuador, buscaban un empleo en el gobierno para rápidamente hacer fortuna:
comprar casas, haciendas, y así tener la opción de casarse con la hija de un
rico y ‘noble’ hacendado.
El
empleo podían conseguirlo comprándolo directamente a los gobernantes que habían
sido autorizados por la monarquía para vender cargos en sus instituciones, incluso
en la milicia. El pago debían hacerlo con un ‘donativo voluntario’ o ‘donativo
gracioso’, en dinero contante y sonante. (Así compraban, también, títulos de
nobleza, tierras).
Los
gobernantes hacían esta compra venta con los españoles y ‘criollos’, sin tomar en cuenta su
honorabilidad ni los méritos personales. Con el paso del tiempo, estas
personas sin estatus social, pero con mucho dinero, empezaron a ganarles
espacio a los ‘nobles’ y se convirtieron en los patrones, los amos que explotaban, extorsionaban a los indígenas.
Esta
forma de negocio con los cargos públicos que los españoles trajeron a América sería
la raíz de la corrupción en la administración pública de varios países, entre
estos, Ecuador, pero los protagonistas ya no son los ‘blancos’, los ‘nobles
españoles’, ahora son mestizos
e indígenas, más algún extranjero involucrado con ellos.
‘PIPONES 1’
Se
creía que en nuestro país la gran corrupción estaba concentrada en el Poder
Ejecutivo, pero en la década 1980, cuando en Ecuador comenzó a practicarse el ‘periodismo de
investigación-denuncia’ (como área especializada del periodismo), se notó
que se movía en todos los poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo, Judicial.
Se descubrió jueces corruptos y, en el Congreso,
un ‘criadero’ de burócratas que cobraban por no hacer nada. A consecuencia de
ello, entre los años 80-94, el personal del Poder Legislativo había aumentado en casi diez
veces (de 130 a 1.200), lo describió la nota ‘Pipones en el Congreso’, publicada por la revista Vistazo el 14 de
julio 1994.
Era
tanta gente que, el Congreso presidido por Samuel Belletini, del Partido
Liberal, estaba lleno de “asesores
parlamentarios sin preparación académica y que muchas veces cobran sin trabajar
(‘pipones’). Otros que han cumplido sentencias por delitos como peculado
(e incluso estaban vinculados a una banda de roba carros). Familiares íntimos
de los diputados… el Congreso es un
botín”, decía el artículo periodístico.
La
Asociación de Servidores Legislativos (calificados) denunció que estos
‘pipones’ “ocupan los mejores cargos, deambulan por los pasillos del Congreso o
por afuera del edificio, no tienen lugar donde estar, ni una labor que
cumplir”. (Nota: ‘Pipones en el Congreso’.
Carla Maldonado. Vistazo. Julio 14, 1994’.)
No
se supo si este voluminoso aumento de empleados legislativos se dio por una
venta camuflada de cargos, si los ‘pipones’ pagaban un porcentaje de sus sueldos a sus jefes legisladores.
Tampoco se conoció que estos
casos hubiesen sido denunciados a la justicia y que esta hubiese dictado alguna
prisión o sanciones administrativas. ¡Impunidad!
‘PIPONES 2’
El
tema ‘Pipones 1’ se adormeció por la ‘guerra del Cenepa’ (febrero 1995), pero
pronto apareció ‘Pipones 2’. Coincidió con los gobiernos del conservador Sixto
Durán Ballén y del populista Abdalá Bucaram. El último subió al poder en 1996 y
cayó en febrero 1997 envuelto en grandes actos de corrupción, también denunciados
por la prensa. Eso empujó a la sociedad civil a exigir la formación de una Comisión de Anticorrupción.
Fabián Alarcón Rivera, presidente de la república interino, sucesor de Bucaram,
aprobó su creación con mala gana porque, posiblemente, presentía que sería el
primero en caer en las manos de esta Comisión, como efectivamente sucedió porque,
cuando presidente del Congreso, el mismísimo Alarcón había permitido el ingreso de casi 2.100
‘pipones’ en los períodos legislativos 10 de agosto de 1995 y 28 de
febrero de 1997. O sea, terminó
‘Pipones 1’ (sin ninguna sanción) y de inmediato iniciaron ‘Pipones 2’,
un acto de corrupción similar.
Textualmente
la Comisión denunció que en el período de Alarcón “se suscribieron dos mil ochenta y nueve
contratos con un costo adicional de $ 32.289’438.949”. Entonces, nuestra
moneda era el sucre cotizado en ese período entre 2.552 y 3.983 por dólar. Tomando
como referencia el segundo valor, el monto señalado por la Comisión equivalía a
unos 8’106.813 dólares.
Este sería el monto del perjuicio al Estado por sueldos pagados a los nuevos
empleados que ni siquiera trabajaban, pero gozaban del respaldado de varios
partidos políticos. Lo que nunca se aclaró fue qué les dieron los ‘pipones’ a sus
‘padrinos’ legisladores por el cargo recibido. Una vez más –como en ‘Pipones 1’-
la acción de la justicia fue
incompleta y frustrante. (Fuente: COMISIÓN
ANTICORRUPCIÓN. INFORME DE ACTIVIDADES II – Agosto 1,1997 a Julio 31. 1998.
https://1997-2001.state.gov/global/narcotics_law/global_forum/F400cocr.pdf
)
La
Comisión de Anticorrupción puso este escandaloso caso de ‘Piponazgo’ en manos
de la justicia que ordenó la “prisión
preventiva de Alarcón”, por corrupción, en marzo 1999. Estuvo recluido hasta diciembre 1999. “El caso
finalizó con el sobreseimiento
definitivo a Alarcón mayo
2000 y no tuvo repercusiones sobre ningún otro diputado, pero evidenció
vacíos normativos y falencias procedimentales en el manejo del recurso humano
de la Asamblea Nacional”, anota el Observatorio
Anticorrupción Ecuador, de FCD, Ciudadanía y Desarrollo (https://www.observatorioanticorrupcion.ec/casos-de-corrupcion/diezmos).
‘PIPONES’ SUSTITUIDOS POR ‘DIEZMADOS’
Tras
‘Pipones 2’, a los congresistas se les hizo recomendaciones y ellos ofrecieron cambios
para que no se repitiera esta mala práctica política, pero en el 2007, cuando Rafael Correa llegó
a la presidencia de la república, se produjo una avalancha de ‘diezmos’
que arrolló al ‘piponazgo del pasado.
En
la historia antigua, ‘diezmo’ era el 10% de ciertas mercaderías que se pagaban
al rey. O, la décima parte del producto bruto de las cosechas que los fieles
entregaban a la Iglesia.
El
correismo, en pleno Siglo XXI, hizo algo parecido: cobrar ‘diezmos’ por los
cargos en instituciones de los tres poderes del Estado. El pago era obligatorio
para la gente de su partido, Alianza Pais, y para los militantes de otros
partidos aliados que también buscaban cargos. En otras palabras, igual que en la colonia, los
funcionarios no eran elegidos por méritos, sino por el dinero que pagaban.
Al convertirse los ‘diezmos’ en una
especie de ‘política de Estado’, saltaron de la historia al whatsap donde las
víctimas se quejaban del cobro de un ‘diezmo’ sobre su sueldo. La corrupción es
tan fuerte que hasta incorpora nuevas palabras al idioma: ‘Diezmo’ es lo que se
paga, ‘Diezmador’ sería quien cobra y ‘Diezmado’ la víctima que paga.
‘DIEZMOS 1’. EL CORREISMO AL DESCUBIERTO
Rafael
Correa apenas había cumplido un año en el poder cuando funcionarios de una
institución de su gobierno salieron a las calles a reclamar por el secretísimo cobro de ‘diezmos’. La prensa
recogió la denuncia y publicó:
“Empleados
y trabajadores de la Superintendencia de Compañías (SC) exigen la inmediata
destitución de Francisco Arellano Raffo, titular de la entidad, pues el
funcionario habría incurrido en 20 casos de corrupción… presentaron una copia
de depósito para comprobar que la cuenta a la cual habrían sido transferidos
los fondos recaudados por los diezmos en la SC pertenece a Elizabeth
Verdesoto…” El presidente Correa defendió a Arellano, su ‘honrado’ ex profesor,
a capa y espada, pero por la presión de la opinión pública, tuvo que renunciar.
Muchas
personas, aun de ‘luna de miel’ con Correa, dudaban que el cobro de ‘diezmos’
fuese una práctica generalizada dentro del ‘gobierno revolucionario’ preocupado
por los pobres, según ellos. Pero diez años después, en el 2018, sus ‘devotos’
confirmaron que estaban equivocados. (Detalles sobre este caso en las notas: Superintendencia de Compañías: ‘Nos
obligaron a contribuir con diezmos’. Hoy.com.ec 28/Marzo/2008.
Correa ‘bendijo’ el cobro de ‘diezmos’ en
el Estado.
Mariana-neira.blogspot.com Sep. 2018).
INCREÍBLE PERO CIERTO: EL PRESIDENTE
CORREA PLANIFICABA EL COBRO DE LOS ‘DIEZMOS’
La
mano cobradora de ‘diezmos’ del correismo estaba extendida en todos los poderes del Estado, lo confirmó un ex aliado
de Rafael Correa y de su partido Alianza Pais, quien reveló cómo el presidente,
en persona, en el palacio de gobierno, planificaba el cobro de los ‘diezmos’
con power point. Leamos textualmente:
“El
exasambleísta de Alianza PAIS (AP), Christian Viteri, aseveró que los cobros
indebidos denunciados en la Asamblea Nacional es un tema que “lideró” el
expresidente de la República, Rafael Correa. Así lo declaró el político el
miércoles 28 de noviembre de 2018, en una entrevista realizada en Radio
Democracia.
Quiero
ser enfático. Tema diezmos lo lideró Correa y nos reunía en Carondelet a
asambleistas AP con power point en mano y verificaba pago d 400 x mes y decía
los asesores deben poner. En mi caso jamás pedí un dólar a mi equipo x q a un
profesional no se le puede mochar su sueldo!
Cuando fuimos candidatos firmamos
voluntariamente un código de conducta en el que los que fueran electos
asambleístas nos comprometíamos a dar una contribución al Movimiento Alianza
PAIS, $400”,
explicó Viteri, quien aseguró que pagó puntualmente dicho valor a la
organización correísta”. (Nota: “Viteri: ‘Cobros
en la Asamblea los lideraba Correa”. Ecuavisa. 28 nov 2018.)
No
está claro si esos 400 debían darlo de su sueldo o explotando, extorsionando a
sus modestos subalternos, como han estado haciendo.
‘DIEZMOS 2’. ASAMBLEA, NIDO DE
‘DIEZMADORES’
Esta
denuncia de Christian Viteri se dio luego de que varios ‘diezmados’ empezaran a
denunciar a los asambleístas porque les habían dado un trabajo con la condición de que pagaran ‘diezmos’. El dinero tenían que depositarlo
en cuentas de ‘testaferros’, generalmente parientes. No se nota un valor
uniforme del ‘diezmo’, tampoco hay una aclaración de cuánto se quedaba con los
asambleístas y cuánto le daban a su partido político. Algunos denunciantes han revelado
que a los empleados les obligaban a que cubrieran hasta los gastos del hogar
del legislador, cirugías estéticas, etc.
Las primeras
denuncias fueron hechas públicas el 4 de septiembre 2018 por “Pablo Santillán
Paredes, asesor del asambleísta por Pichincha, Fabricio Villamar Jácome (CREO),
quien anunció que han recopilado varios casos de asesores y asistentes legislativos
que denuncian el cobro de cuotas de sus sueldos por parte de asambleístas,
como condición para mantenerlos en sus puestos (Ecuavisa, 2018). Santillán explica que suman una docena de casos, con su
respectiva documentación de prueba, y que algunos han sido maquillados como
‘aportes al partido’, enfatizando que toda la documentación debe ser validada
por Contraloría (El Universo, 2018)”.
Esa
cifra quedó pequeña. Solo hasta el 2019, se duplicaron. Ya son 24 los ‘diezmadores’ denunciados
ante la fiscalía, o sea, el 18.2% de los asambleístas estuvo
en el quehacer de coimar, explotar, extorsionar a sus asesores, como en los
tiempos de la colonia. Los asambleístas que hacen esto son el nuevo ‘patrón’,
el nuevo ‘amo’.
La lista de los denunciados e investigados
por la justicia está encabezada por una ex vicepresidenta de la república y dos
ex presidentes de la Asamblea. Quince
eran afiliados al partido gobernante que –obvio- tenía el poder para dar empleo
en cualquier entidad del Estado. Pero también había seis de otros partidos,
‘comodines’ políticos del correismo.
Los datos
usados en este análisis los extrajimos de la página web del Observatorio
Anticorrupción Ecuador que tiene un relato cronológico del cobro de ‘diezmos’ en
las asambleas correistas que parece una novela de bandidos. https://www.observatorioanticorrupcion.ec/casos-de-corrupcion/diezmos
LA NUEVA ASAMBLEA YA TIENE ‘DIEZMADORES’
Entre
los que acabamos de elegir (2021) ya hay cinco asambleístas denunciados por ‘diezmos’. Dos
son de Pachakutik, partido
aliado a la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE. Dos son de Izquierda
Democrática, un partido de centro izquierda nacido durante el retorno a la
democracia. Y otro es independiente. Estos partidos mantienen buena
relación con el gobierno de CREO que asegura no haberle dado cargo a ningún
recomendado de estos asambleístas.
Pero
alguno de ellos ya anticipaba cargos y robo, pero había que “robar bien”. Lo
dijo Rosa Cerda, de Pachakutik, provincia del Napo, Amazonía. Resumimos lo
informado por los medios: el sábado
17 de julio 2021, en una convención provincial de su partido en la comunidad
San Francisco de Cotundo, en Napo, esta legisladora pidió: “Si roban, roben bien,
justifiquen bien, pero no se dejen ver las cosas, compañeros”. Y quienes
la escucharon, la aplaudieron. Tras este video que dio la vuelta al mundo y
ridiculizó a los ecuatorianos, el movimiento Pachakutik dijo que esas fueron
“declaraciones personales”, mientras Cerda repetía que los medios sacaron sus
palabras de contexto y que
es una persona que habla quichua o sea, con el español no sabe lo que dice. El CAL (Consejo de Administración Legislativa) la
suspendió por ocho días en el ejercicio del cargo.
Esto
da la razón a los ciudadanos que opinan que en la Asamblea cada vez hay menos
‘cerebros’ para crear leyes en beneficio de los ecuatorianos. Ahora es un
‘puesto de venta de cargos’, un nido de corruptos.
Si
la justicia no aplica la ley severamente, este cruel, inhumano sistema de
explotación de los jefes asambleístas a sus subalternos va a crecer. No es
preciso saturar las cárceles con corruptos, basta confiscarles el dinero
robado.
Ya
es hora de sacarles la careta a estos falsos ‘defensores del pueblo, defensores
de los pobres’. Y el periodismo de investigación y los observatorios
independientes deben mantenerse unidos en esta cruzada.
CUADRO
ASAMBLEISTAS
DENUNCIADOS DESDE 2018 POR ‘DIEZMOS’
-Orden alfabético por nombres-
María Alejandra Vicuña Muñoz. AP, asambleísta que llegó a ser vicepresidente de la república.
Gabriela Rivadeneira. AP, asambleísta que fue presidenta de la asamblea y hoy está fugitiva
en México, por casos de corrupción.
José Serrano. AP, asambleísta que fue ministro y luego, presidente de la asamblea.
Alberto Zambrano Chacha, asambleísta de AP, por Orellana. Le
denunciaron el 16 de junio 2017 por tráfico de influencias.
Ana Galarza Añazco, asambleísta por
Tungurahua (CREO) pagaba a empleada que no iba a la Asamblea.
Involucrado esposo.
Ángel Gende Calazacón, asambleísta por
Santo Domingo del Movimiento
Alianza Tsáchila. Su asesor
solicita al equipo del legislador una cuota para la organización de una marcha
en Santo Domingo.
Ángel Vilema Freire (AP), ex asambleísta por
Galápagos (2013-2017);
Brenda Flor Gil (AP), asambleísta por
Galápagos.
Fernando Burbano Montenegro, asambleísta de CREO-Podemos. Presunto
delito de concusión (La Hora, 2019).
Fernando Flores (CREO), asambleísta por
América Latina, El Caribe y África.
Johanna Cedeño Zambrano (AP), asambleísta por
Santo Domingo;
Juan Pablo Velín Cortez (Independiente, antes AP),
asambleísta por Morona Santiago.
Karina Arteaga Muñoz AP, asambleísta por
Manabí;
Leandro Cadena, Independiente,
antes AP, ex
asambleísta por Carchi (2009-2013).
Marcia Arregui Rueda, de AP, por Los Ríos.
María José Carrión Cevallos (AP), asambleísta por
Pichincha;
Nivea Vélez, asambleísta de
Loja, por Alianza
Movimiento Municipalista por la Integridad Nacional.
Norma Vallejo Jaramillo (AP), asambleísta por
Pichincha.
Raúl Aquilla, antes de CREO,
hoy PSC.
Asambleísta por Loja;
Rosa Orellana Román (AP), asambleísta por El
Oro.
Sebastián Palacios Muñoz (SUMA), asambleísta por
Pichincha. Tráfico de influencias.
Teresa Benavides Zambrano, Asambleísta por
Manabí, de AP y
Unidad Primero.
Tito Puanchir Payashña. Pachakutik, asambleísta
por Morona Santiago.
Vanessa Fajardo Mosquera (AP), ex asambleísta por
Santa Elena (2013-2017);
Washington Paredes Torres, Asambleísta por
Galápagos, (Independiente), antes SUMA.
ASAMBLEISTAS
DENUNCIADOS POR ‘DIEZMOS’ 2021
-Orden cronológico denuncia-
Rosa
Elizabeth Cerda Cerda, asambleísta del movimiento indígena Pachakutik, por la
provincia amazónica de Napo. Suspendida 8 días en su cargo por decir
públicamente, el sábado 17 de julio 2021: “Si roban, roben bien, justifiquen
bien, pero que no se dejen ver las cosas, compañeros”.
Bella Jiménez, asambleísta del
Guayas, por Izquierda
Democrática, fue denunciada el 23 de agosto de este año ante la fiscalía
por cobro de diezmos a través de parientes.
Darwin Pereira Chamba, asambleista de Pachakutik. Piden
investigar los chats de su empleado Peter Armijos “en los que habla de espacios
de trabajo ‘para la gente leal”. Agosto 25 2021.
Washington Elías Jachero Robalino, asambleísta de
Pastaza. Independiente,
antes del Movimiento Político Unidos Por Pastaza, “le pide paciencia a hombre
que lo presiona por trabajo para su hijo”. 26 agosto 2021.
Eckenner Recalde, asambleísta de
Pichincha por Izquierda
Democrática. Denunciado por cobro de ‘diezmos’ a su equipo de trabajo.
14 septiembre 2021. Twitter.
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