IRA PÚBLICA PORQUE UNA AUTORIDAD DETIENE A CORRUPTOS, OTRA LOS LIBERA

Por Mariana Neira

La gente está furiosa porque la Fiscal General de Ecuador, Diana Salazar, se juega la vida deteniendo a los corruptos y unos jueces los sueltan ni bien pisan la cárcel.

Algunos dirán: ¡Qué horror, cómo se ha corrompido la justicia; antes no era así! No es verdad. Siempre hubo una justicia para ricos, otra para pobres; una justicia que se compra y se vende. ¿Cuántos no han vivido la presión para pagar a un juez por una decisión?

Lo que sí sorprende, es que desde la década correísta, hay masas de corruptos que actúan en grupos organizados como ‘pandillas’ y roban con cinismo en todas las áreas del Estado. Parece que hubiesen puesto a funcionar una incubadora para producir corruptos, y a la vez, armado centros de capacitación para entrenarlos en métodos de robo modernos y hacer que todos funcionen con una misma mentalidad y objetivo: robar.

Eso se nota en los procesos judiciales por corrupción a correístas. La técnica de pedir billetes, una joya o cualquier regalo por agilizar trámites o lograr una sentenciar favorable, pasó de moda. Ahora la corrupción sigue un modelo sustentado en alta tecnología que funciona así:

1 Ni bien el funcionario público escogido por la cúpula se posesiona del cargo, abre una cuenta bancaria en el país y en un paraíso fiscal (en el exterior).

2 Como dueño de esas cuentas pone a la esposa, amante, a los hijos e hijastros, al papá de los hijastros, a los tíos, a los suegros que, saben, por la edad solo recibirán prisión domiciliaria.

3 Para los gastos de bolsillo guardan unos millones en sus escritorios, en cajas fuertes empotradas en las paredes, encaletados en la tierra o en los tumbados.

La incubadora dejó unos ‘pollitos’ a los que el gobierno de Lenin Moreno los mantuvo y ahora están involucrados en sobreprecios aplicados cruelmente a construcciones de hospitales, equipos y productos sanitarios necesarios para salvar la vida de la gente afectada por el coronavirus. Entre ellos están Alexandra Ocles, el legislador Daniel Mendoza y tantos nombres detrás de ellos. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, anda ahora más ocupado en tapar los casos de corrupción de sus empleados en el Municipio que por salvar a los quiteños del coronavirus. Durante el gobierno de Correa, Yunda estuvo involucrado en una denuncia por haberse apoderado de varias frecuencias del Estado usando a testaferros.

Junto a los ‘pollitos’ aparece el ex presidente de la república, Abdalá Bucaram, que fuera juzgado por los casos ‘Gastos Reservados’ y ‘Mochila Escolar’, pero prescribieron y pudo regresar al país el 19 de junio 2017, justo al mes de que Lenin Moreno se posesionara como presidente de la república de Ecuador.

También aparece involucrado en corrupción Carlos Luis Morales, prefecto del Guayas, ex arquero de la selección de Ecuador, referente de los jóvenes. Y no se sorprendan que pronto aparezcan más nombres.

La corrupción en el país es por la facilidad que hay para cometerla. Tenemos un sistema con leyes blandas para castigarla y como contraparte, ha aparecido gente enfurecida que pide pena de muerte, cadena perpetua o más años de reclusión para los corruptos.

Son temas que hay que discutir. Lo importante es que la legislación contenga estas acciones básicas:

1 Golpearles a los corruptos donde más les duele: la codicia. ¿Cómo? Incautando, confiscando o prohibiendo la enajenación de sus bienes, los de su familia y de los presuntos testaferros tan pronto se dicta la primera orden de detención. Que se bloquee de inmediato sus cuentas bancarias e inversiones financieras en el país y en el exterior.

2 Que con las autoridades judiciales y policiales que protejan o liberen a los sospechosos de corrupción, se proceda de igual manera que con los corruptos.

3 Que los trámites judiciales sean rápidos.

4 Que todo funcionario público con cargo jerárquico repita anualmente su declaración de bienes y que todo bien no declarado o escondido pase de inmediato a poder del Estado.

Con decisión política y leyes claras, no hace falta la pena de muerte, pero no hay decisión. Se nota porque desde hace años está rodando por los escritorios de los poderes ejecutivo y legislativo un proyecto de ley que, supuestamente, ayudaría a luchar contra la corrupción.

Es que muchos tienen cola.