domingo, 28 de agosto de 2016

CON ‘LINCHAMIENTO’ SE CERCA AL PERIODISMO INVESTIGADOR Y DE OPINIÓN

"Ciertas cadenas (televisoras) son cloacas con antenas y ciertos periodistas deshonestos, malos quieren abusar de su poder y quieren acabar con instituciones y defender ciertos beneficios corporativos... Qué descaro del periodismo libre e independiente y no muestran la verdad sino que toman partido. En las entrevistas a autoridades (la periodista) interrogaba, no los dejaba hablar, tomaba partido, decía falsedades... Esta es la prensa corrupta y deshonesta que debemos enfrentar. Esto es uno de los principales peligros de la democracia y esto es lo que está en juego en las elecciones de 2017. Gracias a Dios tenemos la ley de Comunicación, el derecho a la réplica. Esto debemos denunciar. En otros países esto se llama acoso mediático. Claro linchamiento mediático para proteger a ciertos sectores. Prohibido olvidar", presidente Correa en la sabatina del 6 de agosto, cuando ordenó a sus subalternos sancionar por ‘linchamiento mediático’ a Janeth Hinostroza y Teleamazonas.
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Usted no come cuentos, ¿verdad? Analicemos juntos tres acciones del gobierno en el último mes: la sanción a Janeth Hinostroza y Teleamazonas, la conminación al insolvente Fernando Villavicencio a que pague un dinero a Correa y el concurso de frecuencias. Son tres coincidencias que llevan a pensar en que el gobierno comenzó la ‘batalla final’ contra el periodismo independiente ecuatoriano, como lo ha venido amenazando el presidente Correa. Y las armas usadas son el ‘linchamiento mediático’, la justicia ordinaria controlada por el gobierno y un concurso de frecuencias nada transparente iniciado a pocos días del arranque de la campaña electoral.
¿Qué saca el gobierno con esto?, me preguntará usted. Cercar al periodismo investigador que denuncia y al de opinión.
Analicemos.
1. El gobierno ataca a Janeth Hinostroza y Teleamazonas, para amedrentar al pequeño, pero valiente grupo de periodistas investigadores que aún queda en los medios tradicionales. En ese grupo hay mujeres destacadas como Janeth que ya fue acosada en el pasado por sus denuncias sobre el caso Duzac y el primo Delgado. Ella y todos los periodistas que participaron en esa denuncia fueron insultados por el gobierno, pero el tiempo les dio la razón. El primo huyó a Miami y el argentino Duzac no ha aparecido a pagar una deudita a la CFN. Janeth vivió amenazas a su persona y a su familia por lo que tuvo que dejar su trabajo en la tv temporalmente.
Ahora la periodista con Teleamazonas están acusados por la Supercom de ‘linchamiento mediático’ y mal uso de las normas deontológicas por sus denuncias sobre una subasta inversa corporativa de medicamentos que realizó el Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP. Además a Janeth le advirtieron "abstenerse de reincidir". Ninguna autoridad se ha interesado por investigar estas denuncias, solo se han dedicado a insultar a la periodista. Volvieron a hablar de ‘periodistas corruptos’. ¿Dónde están los corruptos?
2. El gobierno ataca a Fernando Villavicencio con la intención de acabar con una ‘fuente’, elemento base de una investigación. Él ha sido más con conocido como líder sindicalista, pero también es periodista. Le vi luchando por los derechos humanos. (Es de los pocos defensores de los derechos humanos que no se entregó en cuerpo y alma a la ‘revolución’). Con el tiempo apareció como ‘fuente’ importante de asuntos petroleros y luego empezó a redactar sus propias historias en libros y su medio digital Focus. Algunos dudaban de sus denuncias, pero el tiempo le ha dado la razón. La denuncia sobre hechos turbios en Petroecuador la hizo él antes de los Panama Papers. Recién se enroló a un partido político amenazando con formar una comisión investigadora de la corrupción en este gobierno y una juez acaba de declararle insolvente quitándole cualquier opción electoral. Además, junto al asambleísta Kléber Jiménez y al sindicalista Carlos Figueroa es acosado jurídicamente, ahora por un caso de ‘hackeo’ al gobierno. Fuentes:
Fernando Villavicencio: Nueva sentencia en su contra es un ‘tiro en la nuca’ al periodismo (Fundamedios)
3. El gobierno realiza un concurso de frecuencias cuando está a punto de comenzar la campaña electoral. Los obstáculos que pone llevan a pensar en una intención oculta, como neutralizar a la opinión crítica en los medios audiovisuales. ¿Cómo? El proceso se realiza entre gallos de media noche pese a que la ley obliga a que el concurso sea ‘público y transparente’. Sin embargo, algo se ha filtrado y el discurso de ‘democratización de las frecuencias’ queda como un cuento. En medio de tanta oscuridad se comenta que algunos concursantes piden las frecuencias de radios y televisoras de alcance nacional que tienen programas de opinión de altísima sintonía, dirigidos por periodistas con un prestigio logrado en años. Varios de ellos son los poseedores de esas frecuencias. Esto hace pensar que el concurso está apuntando a ellos, si no quitarles la frecuencia, por lo menos a moverlos a otra. ¿Qué les exigirá el gobierno para no hacer eso? Que se porten bien. ¿Adiós opinión crítica?
‘LINCHAMIENTO’ PARA TAPAR CORRUPCIÓN
Hablemos del ‘Linchamiento mediático’. Por los hechos vinculados vemos que fue inventado por el gobierno ‘revolucionario’ para frenar a las grandes denuncias de corrupciones, esas que se presentan en una seria de artículos o de programas de televisión, son recogidas por muchos medios nacionales e internacionales y no se borran fácilmente de la mente de los ciudadanos. Eso duele a los gobiernos que quieren pasar por éticos, puros.
En esta ayudamemoria podemos ver cómo nació la figura ‘linchamiento mediático’ en Ecuador y qué ha hecho hasta ahora.
El ‘linchamiento mediático’ comenzó a ser mencionado por los gobernantes ‘revolucionarios’ a fines del 2012, cuando aún continuaban los ecos de la denuncia periodística sobre los contratos millonarios que el Estado le había dado al hermano del presidente Correa y empezaba el escándalo de la ‘billetera electrónica’ protagonizado por un primo del presidente Correa que ocupaba un altísimo cargo en el gobierno.
La historia de los negocios del hermano del presidente, preparada por un equipo de periodistas del diario Expreso presidido por Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, se publicó como una serie de artículos. Tuvo eco en todos los medios del país, se convirtió en el libro ‘El Gran Hermano’ y cruzó fronteras (si quiere recordar al ‘gran hermano’, lea este libro). Los periodistas fueron demandados por el presidente y pensaron nadie más se atrevería a hacer una denuncia, pero se equivocaron. Apareció la ‘billetera electrónica’ del primo del presidente vinculado al argentino Duzac. Fue otra macro denuncia también replicada a nivel nacional e internacional. Para frenar las macrodenuncias y su efecto crearon el ‘linchamiento mediático’.
El presidente Correa habló de ‘linchamiento mediático’ cuando salió en defensa de su primo Pedro Delgado involucrado en el negocio de ‘billetera electrónica’ y terminó juzgado por usar un título profesional falso. La reacción solidaria del presidente con su primo fue así:
El 24 de noviembre de 2012, el presidente Rafael Correa rompió un ejemplar de diario El Universo, tras denunciar un supuesto linchamiento mediático contra su primo y titular del Banco Central, Pedro Delgado, porque este medio (diario El Universo) publicó que un asambleísta le acusaba de usar un título falso de economista.

Durante el "Enlace Ciudadano" No 298, realizado desde Quito, el Jefe de Estado descalificó a la que él llama "prensa mercantilista" y aseguró que diario El Universo omitió las declaraciones que proporcionó este sobre la responsabilidad de los banqueros en el denominado "salvataje bancario".

"(El Universo) saca lo que le conviene para tratar de desprestigiar a Pedro Delgado y no saca lo que dijo Pedro Delgado sobre el atraco de los Isaías con Filanbanco y al país. Ahí hay billete, no se engañen. Un año llevan tratando de despedazar, de linchar mediáticamente a Pedro Delgado (...) Ya no saben qué hacer, la maldad, la falta de ética en el poder mediático, pero eso no es casual, ahí hay billete, ahí hay alguien pagado para hacer daño y atemorizar a Pedro Delgado y que no testifique en contra de los Isaías", apuntó el Primer Mandatario.

Acto seguido, el Presidente comentó que "para que se pongan nuevamente bravos la SIP, trompudos y para que tengan un motivo para atacarme en estas elecciones, miren lo que voy a hacer", y rompió un ejemplar de El Universo.  "¡La prensa corrupta, ni para madurar aguacates compañeros!", dijo.

Esta es la cuarta vez que el Primer Mandatario rompe un periódico… (Alerta Fundamedios).
En junio 2013 el gobierno aprobó su Ley de Comunicación con el ‘linchamiento mediático’. Fuente de inspiración fueron las palabras de Sandra Correa, una ex ministra del gobierno de Abdalá Bucaram condenada a 3 años de cárcel por peculado en el caso ‘Mochila Escolar’. Y, mientras fue ministra, también fue cuestionada por la prensa local por supuesto plagio de su tesis doctoral. La exfuncionaria afirma que la sentencia la recibió por culpa del acoso mediático y que es víctima de ‘linchamiento mediático’.
Recogió la idea la asambleísta María Augusta Calle, del partido gobernante, quien apareció en fotos junto a la hija del No. 2 de las FARC, por lo que se insinuaba tuvo vínculos con esa organización guerrillera. Ella acepto ese encuentro por trabajo periodístico. Considerándose linchada impulsó la inclusión de esa figura en la nueva Ley de Comunicación.
El ‘linchamiento mediático’ señalado en el artículo 26 de la Ley de Comunicación dice: “Queda prohibida la difusión de información que, de manera directa o a través de terceros, sea producida de forma concertada y publicada reiterativamente a través de uno o más medios de comunicación con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública.”
No satisfecha con ello, el 7 de agosto 2013, cuando aún no se habían cumplido dos meses de la expedición de la Ley de Comunicación, la asambleísta Calle propuso que el ‘linchamiento mediático’ también se incluyera en el Código Orgánico Integral Penal, con una pena de hasta 3 años de cárcel.
Posiblemente por el impacto negativo que había provocado a nivel mundial la inclusión del ‘linchamiento’ en la Ley de Comunicación, desde el palacio de gobierno le frenaron a Calle.
29 de agosto 2013. El Secretario Jurí­dico de la Presidencia, Alexis Mera, le quitó su apoyo a Calle al proponer “que el linchamiento mediático sea sancionado solo civilmente. Según él, las conductas que deben ser sancionadas penalmente son las que ofenden gravemente un bien jurí­dico protegido por la nación. ‘Hay conductas que ofenden bienes particulares que no necesariamente requieren una acción penal’, subrayó”.
A los 6 meses (el 7 de marzo 2014), el canciller Ricardo Patiño, anunciaba a través de su cuenta en Twitter la designación de Calle como embajadora en Venezuela. A los 10 meses se conoció que rechazó esa función “por motivos personales”.
USO POLÍTICO DEL ‘LINCHAMIENTO’
Desde la vigencia de la Ley de Comunicación se han dado cuatro sanciones por ‘linchamiento mediático’, incluida la reciente a Janeth Hinostroza y Teleamazonas. Dos sanciones fueron a medios públicos y dos a medios privados. Dos casos han sido por chistes y chismes, uno por la denuncia de un banco y la última por denuncias sobre una subasta de medicinas.
Otras tres denuncias fueron rechazadas por la Supercom porque no hubo sustento para una sanción, pero hay el caso de un ‘linchamiento’ con bastantes sustentos presentado por la activista política Martha Roldós en contra de todos los medios estatales que no fueron sancionados. Ella dijo que esos medios elaboraron una denuncia en su contra usando datos extraídos ilegalmente de su computadora, mediante ‘hackeo’.
Este desbalance en el juzgamiento demuestra que hay un uso político de la figura del ‘linchamiento’.
Veamos un resumen del caso Roldós que se constituyó en la primera demanda por ‘linchamiento mediático’ en el país:
El lunes 6 de enero (2014) el diario oficialista El Telégrafo, a través de una nota titulada “La NED de EE.UU. financiará proyecto mediático en Ecuador” publicó que Roldós estaría tramitando la creación de una Fundación y una agencia de noticias  para “promover una serie de acciones para generar oposición mediática al Gobierno ecuatoriano” y que “el proyecto no tiene ningún propósito mediático o periodístico, sino sostener la oposición política”.
La información publicada por el medio oficial estuvo acompañada de documentos, entre los que se incluyó la solicitud de fondos que hacía Roldós a la entidad estadounidense National Endowment for Democracy NED - acusada por el medio de tener vínculos con la CIA- así como datos de una carta que estaba contenida en el correo electrónico de Roldós y que posteriormente fue publicada palabra por palabra por el rotativo, según denunció la activista. “En mi caso, mis correos fueron intervenidos y fueron publicados, divulgados y utilizados en una campaña concertada desde el poder contra mí eso es altamente grave”, apuntó.
Roldós explicó a Fundamedios que dicha comunicación se refería a una reunión que mantuvo con Adam Isacson, miembro del programa de Política de Seguridad Regional de la oficina de Washington para América Latina (WOLA) en donde hablaron, entre otras cosas, sobre la nueva Ley de Comunicación. Esta carta fue enviada por Isacson a David Holiday, de la Open Society Foundations, con copia a ella.
“Ese correo que estaba en mi cuenta con otros documentos que no existieron jamás físicamente, que estaban solo en mi cuenta, fueron publicados”, apuntó Roldós quien desmintió la versión dada por el director de El Telégrafo, respecto a que la información se obtuvo por un recurso de solicitud de información, pues aseguró que ese tipo de documentos no se publican ni son sujeto del Freedom of Information Act, cuando son apenas procesos de solicitud o aplicaciones para un determinado proyecto.
Adicionalmente, Adam Isacson, uno de los personajes mencionados por El Telégrafo denunció en su blog que uno de sus correos privados fue publicado en un diario del gobierno ecuatoriano y expresó su rechazo porque dicho material fue divulgado sin su consentimiento.
Tras la publicación de El Telégrafo, los medios televisivos del Estado como Ecuador TV y el incautado TC Televisión han difundido notas, tipo entregas especiales, para reiterar en la existencia de un supuesto plan global de desestabilización del gobierno…“No hemos cometido ningún delito, lo único que está detrás de esto es la paranoia del poder, para el cual, cualquier persona o grupo de personas que quieren transparencia, exigir rendición de cuentas, que se conozca la gestión del gobierno en sus cifras, que se rinda cuentas de la violación de los derechos humanos; constituimos una amenaza para un gobierno para el cual la verdad es desestabilizadora”, dijo Martha Roldós. (Alerta 694 Fundamedios).
El 23 de enero 2014, Martha Roldós presentó una denuncia ante la Superintendencia de Información y Comunicación (Supercom) , en contra de los medios en manos del Estado, El Telégrafo, Agencia Andes, Radio Pública y TC Televisión, por considerar que, varias publicaciones realizadas por estos, constituyen un “linchamiento mediático” en su contra.
El 10 de febrero de 2014, el Superintendente de información y comunicación, Carlos Ochoa, anunció en rueda de prensa que la denuncia de Roldós fue archivada el 6 de febrero pasado porque “no cumplía con los requisitos para su calificación”. El funcionario señaló que el 30 de enero de 2014, se solicitó a Roldós que complete la denuncia, remitiendo los documentos de identidad, así como los correos electrónicos de los que aseguró, fueron obtenidos ilegítimamente. Sin embargo, transcurrido el plazo de dos días, la Supercom, no recibió comunicación alguna. (Alerta 705 Fundamedios).
PRIMER SANCIONADO: UN PERIÓDICO PÚBLICO, POR DENUNCIA DE UN BANCO
Un banco presentó una demanda ante la Supercom por sentirse ‘linchado’ con una denuncia de un medio público y logró sanción. Vea usted como por acciones parecidas (la de Roldós y la del banquero) a un medio público se le sanciona y a otros no. ¿Influyó que un demandante fuera banquero y el otro estuviera vinculado a medios de comunicación?
Veamos la historia:
24 de enero 2014. El diario estatal El Telégrafo fue "amonestado" por escrito por la Supercom  luego de recibir una denuncia del Banco Pichincha por la figura de “linchamiento mediático”. Según el medio, la entidad bancaria inició el trámite por tres notas periodísticas tituladas: “Granda insiste en que Fiscalía indague cómo perdió canal”, “Informe de SBS detectó anomalías” e “Icono porteño está deteriorado” publicadas en septiembre y octubre pasados, y por las que solicitó el respectivo derecho a la réplica.
La Supercom desechó la primera denuncia y consideró que el diario estatal acogió el derecho a la réplica del banco, pero no en las condiciones adecuadas. “Se evidencia que si bien el medio cumplió con la obligación de difundir la réplica, ésta no se realizó en el mismo espacio que ocupó la noticia cuya réplica se solicitó, por tanto no se dio cabal cumplimiento al artículo 24 de la Ley Orgánica de Comunicación”, señala la resolución publicada por el rotativo. (Alerta 704 Fundamedios).
PRIMER INTENTO DE SANCIÓN A PERIODISTA DE OPINIÓN
La denuncia de ‘linchamiento mediático’ en contra de un famoso programa radial de  opinión de Quito encendió las luces de alarma en el periodismo independiente. Veamos la historia.
8 de abril 2014. La Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) admitió a trámite la denuncia que presentó la exministra de educación del gobierno de Abdalá Bucaram, Sandra Correa (la inspiradora del ‘linchamiento mediático’), en contra del periodista de radio Visión Diego Oquendo y su programa “Buenos días con Diego Oquendo”, por supuesto linchamiento mediático.
Oquendo es un destacado periodista que en su programa de entrevistas ha mantenido una posición crítica frente al gobierno.
Sandra Correa sustentó su denuncia en contra de Oquendo en sus comentarios contenidos en el audio subido a internet el 21 de agosto de 2013, bajo el título: “Penalización para coadyuvantes en linchamiento mediático”. A criterio de Correa, este programa “es evidencia del eco y resonancia, no del antecedente y la causa, del robo de mi fama y honor; para el efecto con 6 meses de vulneración flagrante de mis derechos, a través de la recreación radial y virtual de un “estado de opinión” fabricado a fuerza de repetición mediática de una sola versión de los hechos…”.
A media hora de iniciada la audiencia de sustentación en contra del periodista Diego Oquendo… la exfuncionaria solicitó se suspenda.
Correa no estuvo de acuerdo con la redacción de la querella por parte de la Superintendencia de Información y Comunicación (Supercom) argumentando que la misma se debe ampliar e incluir además de Oquendo, a los diarios Hoy, El Comercio y la revista Vistazo.
"Al haber suprimido de mi demanda a estos otros medios se están vulnerando mis derechos constitucionales", dijo. Y agregó que "a nombre de la libertad de expresión es repudiable que se defienda el linchamiento mediático".
Juan Pablo Albán defendió a Oquendo y dijo que nunca se produjo linchamiento mediático y que la entrevista que aduce como linchamiento Sandra Correa fue transmitida por una sola vez; "no hay publicación reiterada".
El 16 de abril de 2014, la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) desechó la denuncia por ‘linchamiento mediático’ de la exministra de educación Sandra Correa en contra de Diego Oquendo.
El argumento consta en la Resolución No. 023-2014-DNJRD-INPS que dice: “Desechar la denuncia presentada por la señora Sandra Correa contra Radio Visión FM y el Señor Diego Oquendo ya que de las pruebas constantes en el proceso; así como los hechos y las normas legales vigentes no se adecúan a la infracción contemplada en el artículo 26 de la Ley Orgánica de Comunicación.”
La exculpación a Diego Oquendo sorprendió porque cuando de periodistas se trata, el gobierno aplica las leyes a su antojo, condena con razón o sin razón. Esta vez pudo haber influido que el gobierno andaba de capa caída por la humillante derrota electoral del 23 de febrero 2014. Una condena a Diego habría afectado más su imagen.
Fuentes: Alertas Fundamedios.
DEMANDA POR ‘LINCHAMIENTO’ CON EXTENSIÓN PENAL
El 26 de mayo de 2014, la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) admitió a trámite dos denuncias que planteó Nancy Morocho, excandidata a la prefectura de Sucumbíos por el movimiento oficialista Alianza PAÍS, en contra de los periódicos locales “El Vocero Amazónico” y semanario “La Verdad” en Sucumbíos, provincia amazónica ubicada al noreste del Ecuador.  La denuncia, presentada el pasado 14 de marzo, se fundamenta en una presunta violación a los artículos 10, 20 y 26 de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), referentes a las normas deontológicas, responsabilidad ulterior y linchamiento mediático. Según la excandidata, las publicaciones realizadas por estos medios, “carecen de veracidad” y “atentan contra su dignidad y buen nombre”.
La denuncia en contra del semanario El Vocero Amazónico y su representante legal, Lourdes Garay, es por la publicación del editorial titulado “Alianza País se resquebraja en Sucumbíos”, que circuló en la edición 191 del 13 al 20 de febrero del 2014. Según Morocho, el contenido de esta nota, que hace referencia a que su candidatura habría sido impuesta por el Presidente de la República, lo que habría provocado una división del directorio del movimiento en esa zona, “carece de todo tipo de sustento que demuestre la veracidad de la publicación”. Al respecto, José Cadena editor de El Vocero dijo lo siguiente: “Nosotros sacamos todo lo sucedido, eso fue hecho público por el mismo director de Alianza País”.
En tanto, la denuncia contra La Verdad y su director, Fernando Chumaña, es por la publicación de tres notas periodísticas en las ediciones 31 y 32, del 14 y 19 de febrero del 2014, tituladas “La alianza de la corrupción”, “Dictadura en Sucumbíos”, y “Perjuicio a Sucumbíos en más de 5 millones de dólares”. Según la denunciante, el medio de comunicación no ha sustentado la veracidad de las denuncias, “convirtiéndose en simples opiniones falsas de falsedad absoluta que atentan a la dignidad y la honra de las personas allí mencionadas”.
Morocho ha iniciado además una acción penal contra Fernando Chumaña por el presunto delito de injuria no calumniosa grave establecida en el artículo 489, y numeral 1 del artículo 490 del Código Penal vigente. Solicita además una indemnización de 600 mil dólares por daño moral ocasionado a ella y su familia. Según el documento presentado por Morocho ante el Juez de Garantías Penales de Sucumbíos, el contenido de la publicación titulada “Perjuicio a Sucumbíos en más de 5 millones de dólares”, da a entender a los lectores que la denunciada y las autoridades han perjudicado a la provincia, por lo que esto “perjudica gravemente mi honor, mi fama bien ganada en la sociedad, mi credibilidad, honestidad ya que me ha afectado de manera económica y moral”.
Al respecto, Chumaña dijo que decidió no hacer uso de su derecho a la defensa y que está dispuesto a pagar la condena que el juez le imponga, pero que no rectificará las publicaciones porque afirma tener documentos que sustentan las publicaciones de prensa que han motivado la demanda.
Alerta 753 Fundamedios
REACTIVAN LA MALA INTENCIÓN DE ENDURECER EL ‘LINCHAMIENTO’
Cuando se creía que después del fracaso de la asambleísta Calle de convertir al ‘linchamiento mediático’ en delito penal, la idea de hacerle más duro se enfriaría, sucedió lo contrario. El 12 agosto 2014 (al año de la propuesta de Calle), “el superintendente de la Comunicación, Carlos Ochoa, anunció para octubre la presentación de un proyecto de reformas a la Ley de Comunicación, entre esas, al ‘linchamiento mediático’.
Dijo que no buscaban un endurecimiento de la norma, pero sus palabras decían lo contrario. Leamos su enredo:
“En la aplicación de la ley hemos observado que no existe dosimetría entre la falta y la sanción”, justificó Ochoa.
 “…negó que se busque endurecer las sanciones por infracciones a la norma; al contrario, dijo, el objetivo es que tengan ‘proporcionalidad’. Como ejemplo citó: ‘No puede ser que el linchamiento mediático que puede acabar con la honra y la vida sea únicamente sancionado con una disculpa pública”.
No se concretó esa idea, pero Ochoa sigue repitiendo la amenaza de reformas, la última vez fue en junio 2016, cuando se cumplían tres años de la Ley de Comunicación.
Mientras el gobierno piensa cómo ajustar las tuercas al periodismo independiente, las sanciones de ‘linchamiento’ han sido a programas faranduleros. Veamos los casos:
SEGUNDO SANCIONADO: PRIMERA VEZ, UN CANAL PRIVADO, POR CHISTES
El 29 de diciembre 2014, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Luis Chiriboga, denunció a canal Teleamazonas y a los periodistas Arturo Magallanes, Patricio Narváez, Carlos Gálvez y Pamela Ruiz, por presunta infracción a los artículos 7, 8, 9, 10, 22 y 26 de la Ley Orgánica de Comunicación.
Según la queja del directivo, durante el programa Drean Team, los presentadores y cuatro monigotes llamados Neme, Conchita, el abogado y el ingeniero, se afirmó "a través de este último personaje, que Luis Chiriboga iba a “comprar votos” para ser reelegido en su cargo".
El 13 de febrero 2015, la Superintendencia de la Información y Comunicación sancionó a Teleamazonas por infringir el artículo 26 de la Ley Orgánica de Comunicación, que hace referencia a la figura del linchamiento mediático.
TERCER SANCIONADO: CANAL DEL ESTADO, POR CHISMES
Entre el 1 y 5 de junio 2015, el espacio 'De Boca en Boca' difundió notas del actor David Reinoso vinculándolo sentimentalmente con Katty Basurto, popularmente conocida en la televisión como la Minnie Mouse. El 8 de junio, Reinoso planteó su denuncia en contra de TC Televisión, por linchamiento mediático.
22 de julio, 2015. El espacio de farándula 'De Boca en Boca', que emite TC Televisión, tendrá que ofrecer disculpas públicas al actor David Reinoso, determinó la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom).
CUARTO SANCIONADO, CON DOBLE SANCIÓN, POR DENUNCIAS SOBRE SUBASTA DE MEDICINAS
Recientemente el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas recomendó la eliminación de la figura del ‘linchamiento mediático’, la respuesta del gobierno ‘revolucionario’ ha sido endurecer la sanción con dos por una. Veamos esta historia:
8 agosto 2016. Luego de que el Presidente Rafael Correa ordenara en una sabatina que a Teleamazonas y a la periodista Janet Hinostroza se les sancionara por ‘linchamiento mediático’, la Superintendencia de Información y Comunicación (Supercom) emitió una doble sanción por haber cuestionado una subasta inversa corporativa de medicamentos que realizó el Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP.
Se trata de una amonestación escrita en contra de Teleamazonas por linchamiento mediático (incumplimiento del artículo 26 de la Ley Orgánica de Comunicación) por lo que el medio deberá pedir disculpas públicas "en el mismo espacio, programas y secciones tantas veces como fue difundida la información lesiva".
A la periodista Hinostroza que conduce el programa de entrevistas y opinión ‘desayunos de 24 horas’, la Supercom la sancionó por "incumplir" con la norma deontológica establecida en el artículo 10, numeral 3, literales a y b de la LOC que dicen: "respetar los presupuestos constitucionales de verificación, oportunidad, contextualización y contrastación en la difusión de información de relevancia pública o interés general" y "abstenerse de omitir y tergiversar intencionalmente elementos de la información u opiniones difundidas".
Además, la entidad estatal conminó a la periodista de abstenerse de reincidir en el cometimiento de actos que se encuentren reñidos con la citada Ley.
https://e1-mg6.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=94059n00icn01#2310171864
No se trata de una simple sanción, atrás hay una intención de silenciar a todos. Vea lo que sucedió luego de que medios informaran sobre las sanciones a Janeth y Teleamazonas:
“Una réplica a manera de cadena fue impuesta por el Superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, desde el 11 de agosto en varios horarios y espacios para defender la sanción emitida contra Teleamazonas y la periodista Janet Hinostroza, por linchamiento mediático. Además, el canal ha sido obligado a difundir disculpas públicas para cumplir con la sanción de la Superintendencia de Comunicación (Supercom).
… Esta cadena, igual que las disculpas públicas, fueron emitidas por Teleamazonas desde el 15 de agosto, en por lo menos cuatro ocasiones.
… Ecuavisa también se vio obligado a difundir esta misma cadena, en su noticiero estelar del 11 de agosto por haber difundido una noticia sobre la sanción que recibió Teleamazonas y la periodista Hinostroza. El presentador del noticiero, Alfonso Espinosa de los Monteros aseguró que el reportaje que motiva la sanción no es de responsabilidad de Ecuavisa y por lo tanto no les correspondería dar cabida a ninguna réplica. En ese sentido, aclaró que el medio no ha elaborado ni transmitido ninguna información relacionada con la investigación periodística de Teleamazonas y que lo único que hizo fue limitarse a poner la noticia de la sanción, incluyendo los argumentos que el Superintendente repite en dicha réplica”.
Tomado de Alerta de Fundamedios: Superintendente de comunicación impone réplicas como cadenas para justificar la sanción contra Teleamazonas

Diga usted si esto no es cercar a la prensa independiente. Y Janeth tiene razón cuando dice: ‘esta sanción sienta un mal precedente para la libertad de expresión en el país’.