CORRUPCIÓN PRESIDENCIAL EN LATINOAMÉRICA; UNA PESTE
Por Mariana Neira
(Actualizado
al 15 de mayo 2019)
Existe
una situación preocupante en Latinoamérica: la corrupción presidencial que se
extiende como una peste. Estos casos son numerosos, pero también hay otros de violación
de derechos humanos y hasta de sospechas de participación en crímenes.
En
este momento observamos 22 ex presidentes y 5 ex vicepresidentes procesados, la
mayor cantidad en Guatemala (7), Perú (5), Brasil (4) y El Salvador que, igual
que Ecuador, registra 3.
Hay
10 países con ningún procesado, pero la mayoría de estos ya tiene a ex
mandatarios bajo un proceso de investigación o son naciones donde, el mundo
conoce, existe un alto nivel de corrupción y violación de los derechos humanos,
pero su justicia está sometida al poder que todo lo tapa.
En
esta ayudamemoria
elaborada sobre la base de noticias publicadas, usted puede observar la
situación en América Latina, subiendo de Sudamérica a Centroamérica y
Norteamérica.
SUDAMÉRICA
ARGENTINA
(procesados: 1 ex presidenta, 1 ex vicepresidente).
Cristina
Fernández de Kirchner está procesada por el caso Amia y la justicia dice que
ella, junto a su esposo y expresidente ya fallecido, Néstor Kirchner, eran líderes
de una red de corrupción en la obra pública.
Ella
está procesada por 6 casos y no está presa porque la protege la inmunidad
parlamentaria:
Caso
Amia: En 2013, Cristina Fernández, siendo presidenta de Argentina, firmó un
memorándum de entendimiento entre Argentina e Irán para esclarecer el atentado
contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido en 1994, en el
que murieron 85 personas y 300 resultaron heridas. La Justicia argentina acusó
a ocho altos exfuncionarios de Irán por su presunta participación en la
planificación y ejecución del ataque. A la mandataria se la acusa de haber
firmado el memorándum con la intención de encubrir a los responsables (iraníes)
de ese ataque. En el intermedio de este proceso el fiscal especial de la causa
Alberto Nisman aparentemente se suicidó. Investigaciones posteriores hablan de
asesinato. El 6 de marzo 2018 anunciaron el enjuiciamiento de Fernández por
encubrimiento.
Caso
‘Administración Fraudulenta’, tiene que ver con el caso Dólar Futuro.
Caso
"La ruta del dinero K". Es de asociación ilícita para beneficiarse de
la obra pública. Entre los encausados se encuentra el empresario de la
construcción Lázaro Báez, detenido desde abril 2016, beneficiario de al
menos medio centenar de licitaciones.
Sin embargo, recientemente el juez consideró que no tiene pruebas contra
Cristina, pero continuará la investigación.
“Caso
Hotesur”. Es un derivado del caso de Lázaro Báez.
“Caso
Sauces S.A”, de presunto lavado de dinero junto con sus hijos Máximo y
Florencia Kirchner Fernández cometido a través de su inmobiliaria.
Caso
"Los cuadernos de la corrupción" en los cuales Oscar Centeno, ex
chofer de Roberto Baratta, hombre de confianza de los Kirchner y Julio De Vido,
narra los encuentros para la entrega-recepción de dinero entre constructores
argentinos, los Kirchner y otros funcionarios del gobierno.
Mauricio
Macri ha sido rozado por denuncias de corrupción, pero no procesado. Su amigo
personal, el actual jefe de la Agencia Federal de Inteligencia
(AFI), Gustavo Arribas, fue acusado de haber recibido US$750.000 de
Odebrecht lo que él siempre negó. Macri lo defendió públicamente y el 23 de
junio del año pasado, la Cámara Federal de Casación Penal cerró la causa en
contra de Arribas.
Entre
los imputados en la ‘causa de los cuadernos’ que afecta a algunos de los más
importantes empresarios de Argentina, acusados de haber pagado millonarios
sobornos para lograr contratos de obra pública durante los años kirchneristas,
está Ángelo Calcaterra, primo de Macri y dueño hasta 2017 de la constructora
Iecsa, una de las más beneficiadas con licitaciones durante los mandatos de
Kirchner (2003-2007) y su esposa Cristina (2007-2015). Por la misma causa, el
10 de diciembre 2018 fueron citados a declarar Franco y Gianfranco Macri, padre
y hermano del presidente Macri.
Amado
Boudou, vicepresidente en el gobierno de Cristina Fernández, fue procesado y
detenido por enriquecimiento ilícito.
*BOLIVIA
Una
comisión parlamentaria investigó supuestos pagos ilegales de Odebrecht en el gobierno
de Carlos Mesa (2003- 2005). El informe concluyó pidiendo se investigue a
‘colaboradores’ de ese y los gobiernos de Gonzalo Sánchez de Lozada y Eduardo
Rodríguez Veltzé. Mesa pidió se incluyera al gobierno de Evo Morales quien
reaccionó violentamente diciendo que no era corrupto.
BRASIL (procesados:
4 ex presidentes).
El
24 de noviembre 2018, un juez de Brasilia imputaba a Lula da Silva, Dilma
Rousseff y a la cúpula del Partido de los Trabajadores, PT, por corrupción.
Según el diario El País de España, el PT “queda, así, en la denuncia, como
principal autor del mayor esquema de desvío y lavado de fondos públicos en la
historia reciente de Brasil, el caso Petrobras. Y con tan amplia acusación como
base, la denuncia calcula que los imputados recibieron un total de 1.500
millones de reales (342 millones de euros) en sobornos”.
Luiz Inácio Lula
da Silva, en julio 2017 fue condenado por el caso Petrobras. La sentencia del juez Sergio Moro le declaró culpable de corrupción y blanqueo de dinero por un lujoso apartamento de tres pisos que, supuestamente, una compañía
constructora le dio a Lula como soborno. Primero
le sentenciaron a nueve años de prisión, pero en enero de
2018 le ampliaron a 12 años. Está detenido. Esta es la primera sentencia de cinco procesos judiciales que Lula tiene
abiertos en Brasil. En los otros cuatro
enfrenta acusaciones de corrupción, blanqueo de capitales, tráfico de
influencias, obstrucción a la justicia y organización delictiva.
Dilma
Rousseff fue destituida en agosto de 2016 y en septiembre 2017 la Fiscalía
la acusó de asociación ilícita por el caso Petrobras.
El
expresidente Fernando Collor de Mello destituido por el Legislativo en
1992, en 2017 fue imputado por corrupción relacionada con Odebrecht y
Petrobras.
Michel
Temer, sucesor de Rousseff, fue mencionado 43 veces en las "delaciones
premiadas" de uno de los ejecutivos de la empresa constructora Odebrecht,
quien afirmó que la compañía había hecho contribuciones ilegales a las campañas
de varios políticos brasileños, incluyendo Temer. Pero el Tribunal Supremo
Electoral le exoneró de esos cargos en septiembre 2017.
Pero, en
marzo 2019, luego de que dejara la presidencia de la república (primero de
enero), Temer fue detenido, en forma preventiva,
durante cuatro días acusado de supuesta corrupción por la Fiscalía, por haberse
beneficiado de sobornos pagados por diferentes empresas y ser el cabecilla de
una organización corrupta que desvió unos 500 millones de dólares de recursos
públicos durante 40 años.
Sin embargo, la prisión preventiva fue sustituida por
algunas medidas cautelares que le impedirán salir del país y mantener algún
contacto con otros investigados. Pero el 9 de mayo 2019 otra orden de prisión
preventiva fue dictada y duró hasta el 14 de
mayo 2019 cuando el Tribunal Superior de
Justicia (TSJ) de Brasil volvió a revocarla a cambio de las mismas medidas
cautelares anteriores.
La causa por la que Temer volvió a ser detenido se
refiere a supuestos fraudes en licitaciones para la construcción de una planta
nuclear, los cuales habrían ocurrido hace ya más de siete años.
José
Sarney, Fernando Henrique Cardoso, ex presidentes, son investigados por
haber recibido dinero de Odebrecht.
*COLOMBIA
La situación actual de
Odebrecht también provocó advertencias del gobierno de Colombia, donde la constructora realiza proyectos viales y de mejora
de la navegabilidad del río Magdalena, observaba una nota de la BBC el 9 julio 2015.
El
exsenador Otto Bula -actualmente preso por haber recibido US$4,6
millones en supuestos sobornos de Odebrecht- declaró que la constructora
brasileña aportó fondos a la campaña electoral de Santos y también a la de su
rival Oscar Iván Zuluaga, pero no entregó pruebas documentadas de la
financiación. La fiscalía y el jefe de campaña mencionaron un aporte de un millón
de dólares, pero Santos ha repetido: "No autoricé ni tuve conocimiento de
esas gestiones" y no ha sido procesado.
La muerte del testigo y su hijo
Pero
en el camino sucedió la muerte por supuesto ataque cardíaco de un testigo clave
y el envenenamiento de su hijo. Lo relata esta nota publicada el 14 de
noviembre 2018 por la BBC de Londres: ‘Caso
Odebrecht: las muertes de Jorge Enrique Pizano, el testigo principal del
proceso, y de su hijo envenenado sacuden Colombia’.
En Colombia, Jorge
Enrique Pizano fue quien realizó las denuncias más importantes de
irregularidades en contratos y presuntos sobornos dentro de un proyecto de
construcción de carreteras (Ruta del Sol II) en el que participaron consorcios
colombianos y la empresa Odebrecht entre 2010 y 2014.
Pizano era uno de los auditores de aquel proyecto y desde 2015 hizo
públicos los, según él, graves
descubrimientos en uno de los escándalos de corrupción más sonados
en los últimos años en Colombia.
Antes de morir,
algunas fuentes señalaron que el exauditor intentaba que la justicia
estadounidense lo convirtiera en testigo protegido a cambio de la evidencia que
poseía.
Dos días después de
su muerte, el canal de televisión colombiano "Noticias Uno" hizo
públicos unos audios de 2015 en los que, aseguró el medio, se escucha hablar a
Pizano con el actual fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez,
dándole cuenta de las irregularidades.
En esa época,
Martínez era asesor legal de uno de los consorcios involucrados en el proyecto
vial.
Martínez negó que conociera cualquier
irregularidad.
"Con el
fin de cumplir el encargo cabalmente, le pregunté al doctor Pizano si podía
asumirse que se trataba de 'coimas', a lo cual me contestó 'Hombre…pues no
tengo certeza'", expresó el fiscal en un comunicado.
"Sólo con
la investigación de la Fiscalía en el año 2017 se pudo establecer con certeza
que los 'hallazgos' de Pizano estaban relacionados con 'coimas'", agregó. "Noticias
Uno" emitió los audios señalando que fueron entregados por Pizano bajo el pedido de hacerlos públicos solo en caso de morir.
Envenenados
El informe
original estableció que el testigo clave –que tenía cáncer- había fallecido por
un infarto fulminante. Poco después el
cadáver fue cremado.
Su
hijo, Alejandro Pizano, llegó hasta Colombia desde Barcelona, España, para
participar del entierro de su padre. "Las pruebas recaudadas en la
residencia de sus padres indican que (el domingo pasado) Alejandro habría
encontrado el cianuro en una botella de agua saborizada que se hallaba en el escritorio
de su padre (Jorge Enrique Pizano), de la cual ingirió un sorbo" y murió.
"Según los resultados de la necropsia, la causa del deceso fue envenenamiento por ingesta de cianuro", señala el informe publicado por la
Fiscalía.
Grabaciones reveladoras
El diario
El País de España publicó el 20 de noviembre 2018 la nota:
“El ‘caso
Odebrecht’ en Colombia acorrala al fiscal general”, con un extracto de las
grabaciones que Martínez negaba conocer.
“Los audios, difundidos por el
informativo Noticias Uno, dejan claro, no obstante, que estaba al corriente de
las irregularidades de la compañía en la construcción de un tramo de la Ruta
del Sol, una de las principales vías del país entre el departamento andino de
Cundinamarca y el Caribe. En ese momento era el abogado del Grupo Aval,
conglomerado bancario que controla Corficolombiana, una firma de servicios
financieros que intervino en la obra.
En una de las conversaciones
Martínez reconoce que no sabía con exactitud en qué actividades estaba metida
la constructora. "No sabemos si es que les están dando plata a los
paramilitares. Si hay corrupción, se la están robando ellos de hijueputas ladrones…
Venga, le digo cuál es la tesis que estamos trabajando: no sabemos si
estos hijueputas están pagando coimas desde aquí para Gobiernos
extranjeros y no sabemos si están pagando coimas aquí al Gobierno
colombiano". El pasado sábado se conocieron nuevos detalles de la charla.
Pizano le pregunta si debe seguir indagando o quedarse quieto. "No.
Quieto, quieto", le contestó el letrado.
El auditor (Pizano) había
detectado unas anomalías en su trabajo de revisión de las cuentas. "No me
informaban de la totalidad de los contratos… Empecé a detectar que los objetos
se duplicaban, que los entregables no estaban y así fue cómo se empezó a
realizar la investigación por mi parte. Yo simplemente informé a mis
superiores", relató. No obstante, entonces no tenía la certeza absoluta de
que esas inconsistencias estuvieran relacionadas con los sobornos de 84.000
millones de pesos, más de 28,5 millones de dólares, para asegurarse la
licitación de la obra”.
La cifra de sobornos sube
El
21 de febrero 2019, InSight Crime publicaba la nota: ‘Principales casos e investigaciones sobre corrupción en Odebrecht
en 2019’, que resume todos los procesos a presidentes y altos funcionarios por
el caso Odebrecht en América Latina. Allí se lee que “En Colombia, Odebrecht pagó al menos US$32,5 millones en sobornos para obtener los contratos de
construcción de la autopista Ruta del Sol y otros
proyectos de infraestructura.
El exsenador Otto Nicolás Bula Bula, quien fue condenado a dos años de
prisión por recibir sobornos, ha
sido el principal testigo del gobierno para esclarecer el esquema de sobornos.
La investigación ha involucrado a varios funcionarios del gobierno durante las administraciones de los expresidentes
Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, entre ellos el exsenador Bernardo Miguel Elías”.
*CHILE.
La ex presidenta Michelle Bachelet fue salpicada por el Caso Caval
protagonizado por su hijo y nuera. La empresa Caval de la que Natalia
Compagnon, esposa de Sebastián Dávalos Bachelet, es socia, compró terrenos para
urbanizarlos en la localidad Machalí, con un préstamo de 6.500 millones de
pesos chilenos (9,7 millones de dólares) que concedió personalmente a Caval, el
dueño del Banco de Chile, Andrónico Luksic. Los terrenos los vendieron en más
de 9.000 millones de pesos (unos 13,5 millones de dólares).
Dávalos
renunció al cargo de director sociocultural de la Presidencia que ostentaba y
el 2 de enero 2018, la Corte de Apelaciones de Rancagua le sobreseyó. Pero el
11 julio 2018, su esposa Natalia Compagnon fue declarada culpable por delitos
tributarios.
ECUADOR:
Procesados: 1 ex presidente fugitivo; 1 ex vicepresidente preso; 1 ex vicepresidenta
investigada por la fiscalía.
El
ex presidente Rafael Correa y otros funcionarios están procesados por el ‘Caso
Balda’. Es una denuncia por tentativa de secuestro en Colombia al ex asambleísta
Fernando Balda, en el 2012. El 8 de noviembre 2018, la jueza Daniela Camacho
llamó a juicio a Correa más otros ex funcionarios por el delito de secuestro
penado con cinco y siete años de prisión, y pidió su orden de captura dentro o
fuera del país, pero la Interpol se negó a activar la ‘alerta roja’ para
arrestar a Correa radicado en Bélgica, país de origen de su esposa.
El
9 de noviembre, la Fiscalía General del Estado dispuso la apertura de una
indagación judicial por peculado (malversación de fondos públicos) y fraude
procesal contra el expresidente Rafael Correa. Es un proceso vinculado al caso
del secuestro a Fernando Balda.
“Caso
Gabela”. Se refiere al asesinato del general retirado de la Fuerza Aérea
Ecuatoriana, Jorge Gabela, luego de que denunciara irregularidades en la
adquisición de 7 helicópteros indios Dhruv en el 2008, cuatro de los cuales ya
se cayeron. El 16 de noviembre del 2018, una Comisión Ocasional Multipartidista
de la Asamblea Nacional consideró que se trataba de un ‘Crimen de Estado’. El
informe debe ser aprobado por el plenario de la Asamblea para entregarlo a la
Fiscalía General del Estado a fin de que investigue, incluso, las cuentas
bancarias de 68 funcionarios del Estado, entre ellos, del ex presidente Correa.
Odebrecht dio dinero a ‘manos
derechas’ de Correa
Además de estos
dos casos, Rafael Correa tiene más de una decena de procesos en su contra por
diferentes causas, pero Odebrecht no le había tocado hasta el 3 de mayo 2019 cuando
los medios digitales Mil Hojas y La Fuente denunciaron a asesores personales
del ex presidente y a altos funcionarios de su gobierno entre los receptores y los
encargados del reparto de las donaciones de la empresa brasileña y otras transnacionales
que hicieron obra pública. La denuncia se hizo en tres artículos y la Fiscalía
ya entró en el proceso de investigación para confirmar los hechos y determinar
responsabilidades.
El primer
artículo titulado: ‘‘Odebrecht y otras multinacionales pusieron presidente en
Ecuador’, resume la denuncia: “Receta de
Arroz verde 502 es el nombre de un extenso y detallado informe que en
febrero de 2014 recibió la asesora de Rafael Correa, Pamela Martínez Loayza,
también llamada Esmeralda del Mar. El documento contiene los aportes
económicos de empresas multinacionales, recibidos por el movimiento Alianza
PAIS desde noviembre de 2013 a febrero de 2014 para la campaña presidencial.
El informe y sus anexos, al que este portal tuvo
acceso, dan cuenta de aportes por $11,6
millones recibidos de un total de $14,1 millones proyectados, bajo un sistema de códigos que
identifican a empresas nacionales y transnacionales, contratistas del Estado y
a los más altos representantes de Alianza PAIS. El destino de la millonaria
recaudación fue financiar la campaña electoral del binomio Rafael Correa – Jorge Glas y las
listas de asambleístas y autoridades de gobiernos locales del oficialismo en
2013.
En 2017 se conoció un audio en el cual José Santos
de Odebrecht le decía al excontralor Carlos Pólit, actualmente prófugo, que
Jorge Glas, le había solicitado dinero para la campaña del movimiento Alianza
PAIS. Hasta ahora no se había revelado evidencia de lo expuesto por el
ejecutivo de la constructora brasileña”.
En este y los demás artículos se detalla la
forma de entrega de las coimas, usando cruce de facturas, con códigos secretos
de identidad de las empresas donantes y de los receptores que son muchos.
(Títulos artículos 2: ‘Todos los
nombres de arroz verde’ y 3 ‘Testaferros…’
Vice preso por Odebrecht
El
vicepresidente Jorge Glas se vio forzado a renunciar por denuncias en el “caso
Odebrecht” y el 13 de diciembre 2017 fue condenado por el juez Edgar Flores a 6
años de prisión por el delito de
asociación ilícita en el caso de sobornos de la constructora Odebrecht, igual
que su tío Ricardo Rivera. Glas cumple su pena en la cárcel de Latacunga, al
sur de Quito, donde se declaró en huelga de hambre hasta cuando llegó la
Navidad.
La
vicepresidenta María Alejandra Vicuña, sucesora de Glas, fue denunciada por
cobrar ‘diezmos’ (cuotas) a sus subalternos para su movimiento político y el
partido de Rafael Correa. Renunció al cargo el 5 de diciembre 2018 y es
investigada por la Fiscalía por el delito de concusión.
*PARAGUAY
El
presidente Horacio Cartes apareció salpicado por el caso de un pariente suyo,
en el cual, el mandatario no está involucrado ni procesado.
El
9 de mayo 2018, la Fiscalía paraguaya imputó por el delito de lavado de dinero
a Darío Messer, conocido como el "mayor cambista de Brasil", bajo
orden internacional de captura, y a otras tres personas, entre ellos, su hijo
Dan Messer, Juan Giménez Viveros, primo del presidente Cartes, y Adolfo
Cubilla.
De
acuerdo con el comunicado del Ministerio Público, Giménez Viveros había
intentado retirar la tarde del martes del estatal Banco de Fomento una cantidad
de dinero correspondiente a firmas relacionadas con Messer, pero optó por
retirarse del lugar tras ser identificado.
La
Fiscalía sospecha que los imputados habrían utilizado fondos provenientes de
las operaciones de Messer en Brasil y son investigados como hechos de cohecho
pasivo, soborno y asociación criminal.
El
28 de mayo 2018 Cartes renunció a la presidencia para asumir desde el 1 de
julio el cargo de senador, para la cual fue elegido por voto popular.
PERÚ (5
presidentes procesados)
Perú
ha sido uno de los países que con más contundencia jurídica reaccionó a la
denuncia que hiciera el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el 21
de diciembre 2016, sobre sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a
funcionarios públicos de 12 países latinoamericanos, entre esos Perú. En este
país habría pagado aproximadamente 29 millones de dólares. Ello habría ocurrido
entre los años 2005 y 2014, gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan
García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).
El presidente
del Perú, Pedro Pablo Kuczynski (28 de julio 2016-23
de marzo 2018) manifestó su decisión política de apoyar una
investigación para determinar los actos de corrupción y, a través de su primer
ministro, Fernando Zavala, instó al Ministerio Público y al Poder Judicial a
realizar una investigación profunda, sin imaginar que durante ese proceso, el
mismo Kuczynski aparecería involucrado. Veamos los hechos.
El
17 de abril 2017, el juez peruano Mario Guerra ordenó 18 meses de prisión
preventiva para el exmandatrio Alejandro Toledo y su esposa Eliane Karp, como
parte de las investigaciones por el caso Ecoteva. Toledo ya tenía una orden de
detención preventiva, nacional e internacional, en su contra por supuestamente
haber recibido un soborno de la constructora brasileña Odebrecht, supuestamente
20 millones. Es acusado de los delitos de lavado de activos y tráfico de
influencias.
Toledo
permanece en Estados Unidos y dice que no es fugitivo, que los dos
procesos que enfrenta están llenos de irregularidades y que se trata de una
persecución política y no entrará a la cárcel sin que antes escuchen su
versión.
Toledo
tiene, además, un proceso en Costa Rica porque autoridades de Perú y Brasil
habían alertado de que cerca de 17 millones de dólares en supuestos sobornos,
pagados por la empresa constructora brasileña Odebrecht, fueron movilizados a
cuentas bancarias de sociedades anónimas del país Centroamericano. En noviembre
2017, la fiscala general de Costa Rica, Emilia Navas Aparicio, ordenó la
reapertura del caso seguido contra el expresidente del Perú, Alejandro Toledo y
otras cuatro personas, entre ellas, su suegra, Eva Rosa Fernenbug; el encargado
de seguridad de su Gobierno, Avraham Dan On, y el hermano de este, Shai Dan On;
así como un empresario identificado como Josef Arieh Maiman.
El
13 de julio 2017, un juez ordenó prisión preventiva por 18 meses para el ex
presidente Ollanta Humala (2011-2016) y su esposa Nadine Heredia.
Los
acusan de haber recibido 3 millones de dólares de la constructora brasileña
Odebrecht, para financiar la campaña de Humala en el 2011. Según las
declaraciones de Marcelo Odebrecht a autoridades brasileñas, representantes de
la constructora se habrían reunido con Humala y su esposa Nadine Heredia. A
ella se le investiga por presuntamente haber favorecido a Odebretch en la
licitación de otro proyecto: el Gasoducto Sur.
Humala,
quien defiende su inocencia y la de su esposa, aceptó haberse reunido con
varios grupos empresariales, pero niega haber recibido dinero por parte de
Odebrecht.
El
7 de mayo 2019, Ollanta Humala y su esposa Nadine fueron acusados por la
fiscalía de lavado de activos, en el caso Odebrecht. De acuerdo a las investigaciones, el exmandatario recibió
tres millones de dólares de Odebrecht para su campaña del 2011, los cuales
fueron receptados, en parte, por su esposa y a través de remesas enviadas a sus
entonces publicistas brasileños. Pidió para el ex mandatario 20 años de
reclusión y 26 para la ex primera dama.
El
expresidente Alberto Fujimori, después de haber sido condenado por delitos de
lesa humanidad en 2007, en 2009 fue sentenciado también por otros de
corrupción, pero sorpresivamente dejó la prisión, en diciembre 2017, porque el
mandatario Pedro Pablo Kuczynski le concedió “indulto humanitario” que fue
visto como un arreglo político para que los fujimoristas salvaran a Kuczynski
de la destitución del Congreso, como efectivamente sucedió.
El
antecedente de este episodio es el siguiente: en diciembre 2017, Odebrecht
informó al Congreso peruano que había pagado US$4,8 millones a dos firmas
de asesoría vinculadas a Kuczysnki, cuando era primer ministro en la presidencia
de Toledo. Para que el proceso siguiera su curso era necesario que el Congreso
destituyera a Kuczysnki por "incapacidad moral". Esto no ocurrió
gracias al voto, entre otros, del hijo de Alberto Fujimori, Kenji
Fujimori. Muchos analistas vinculan este hecho con la concesión del indulto a
Fujimori. Al final, Kuczysnki renunció y le sustituyó el vicepresidente Martín
Vizcarra el 23 de marzo 2018, En octubre 2018, el poder judicial anuló el
indulto a Fujimori que debió regresar a la cárcel.
El
expresidente Alan García (1985-1990 y 2006-2011) también está muy
vinculado a la corrupción. En su primer mandato se sucedieron diversos escándalos
que implicaron a varios de sus ministros. Luego fue procesado por,
supuestamente, haber cobrado comisiones ilegales a Odebrecht para adjudicarle
la Línea 1 del Metro de Lima. Según la Fiscalía peruana, la empresa
brasileña pagó US$7 millones en sobornos para quedarse con ese contrato
adjudicado durante el segundo gobierno de García.
El
18 de noviembre 2018 García se fue a la embajada de Uruguay a pedir asilo, pero
le fue negado el 3 de diciembre 2018. El 24 de enero 2019 García se defendió
diciendo por Twitter: "No me mezclen en sobornos y coimas de gente sin
moral ni patriotismo".
El 17 de abril 2019, García se suicidó con un disparo en la cabeza cuando
iban a detenerle en su casa, por el caso Odebrecht. Detalles pueden leerse en
varias notas de prensa. Resumimos extractos de su carta final publicados en la
nota de la BBC titulada: ‘Muerte de Alan García: la
carta de suicidio que dejó el expresidente peruano’:
“"No
hubo ni habrá cuentas, ni sobornos, ni riqueza (...)".
"Por eso
repetí: otros se venden, yo no"
"Jamás
encontraron nada y los derroté nuevamente, porque nunca encontrarán más que sus
especulaciones y frustraciones", afirma.
"Por eso le dejo a mis hijos la dignidad de mis decisiones; a mis
compañeros, una señal de orgullo. Y mi
cadáver como una muestra de mi desprecio hacia mis adversarios porque
ya cumplí la misión que me impuse".
Y se despidió
pidiendo a Dios que "proteja a los de buen corazón y a los más
humildes".
En
el grupo de los sobornados por Odebrecht también apareció Keiko Fujimori, hija
del detenido expresidente Alberto Fujimori, quien fuera rival de Kuczysnki en
las elecciones presidenciales del 2016. La Fiscalía la acusó de ‘lavado de
activos’ por supuestamente recibir dinero de Odebrecht para su campaña electoral
del 2011. El juez supremo César Hinostroza ordenó su arresto por 10 días. La
detención de Fumijori se dio el 11 de octubre 2018, pero antes, el 4 de
octubre, este juez huyó con destino a España, acusado de pertenecer a una
organización criminal y tráfico de influencias. Y Fujimori solo cumplió ocho
días de cárcel.
URUGUAY (1
vicepresidente procesado)
En
el 2015, siendo Raúl Sendic, vicepresidente de la república, se formó una
comisión parlamentaria para investigar la situación financiera de Administración
Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (Ancap),
que arrastraba un déficit de USD 602 millones generado en cuatro años y con una
proyección de USD 200 millones en rojo para el año en curso.
El
25 de julio de 2016, Sendic presentó un escrito ante el juzgado especializado
de Crimen Organizado de Uruguay, para ponerse a disposición del juez y de la
fiscal para aclarar su gestión en Ancap, cuando él fue su presidente.
En
junio de 2017 se desata una polémica por las compras realizadas con la tarjeta
de crédito corporativa de ANCAP, a nombre de Sendic, durante su participación
en el directorio del ente estatal. Sendic utilizó la tarjeta corporativa tanto
en Uruguay, como en el exterior, y entre sus gastos se incluyen artículos de
electrónica, vestimenta, joyas o muebles. La controversia se sumó a la ya
generada en el año 2016 por su gasto en viajes oficiales, ya en el cargo de vicepresidente
de la república.
Sendic
fue sometido al Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, el cual
consideró en su fallo que el vicepresidente había incurrido en "un
proceder inaceptable en el manejo de fondos públicos". El 13 de setiembre
de 2017, Sendic renunció al cargo de vicepresidente de la república.
Raúl
Sendic fue procesado, sin prisión, el 29 de mayo de 2018 por un delito de abuso
de funciones y de peculado en su gestión como presidente de Ancap.
Según
el representante del Ministerio Público, Raúl Sendic hizo un uso indebido de
los dineros públicos "apropiándose" de sumas que no pudieron ser
debidamente cuantificadas configurándose el delito de peculado por gastar
550.000 pesos uruguayos y 38.000 dólares con las tarjetas corporativas del ente
público.
José
Mujica, expresidente de la república, también fue investigado por el Congreso uruguayo
por presunta corrupción.
Así
empieza la historia. El Congreso uruguayo, dominado por el Frente Amplio (la
coalición gubernamental a la que pertenece el octogenario José Mujica), votó a
favor de crear una comisión de investigación sobre la adjudicación
realizada en mayo de 2013 por la empresa paraestatal Gas Sayago para la
instalación de una planta regasificadora por parte de un consorcio
internacional (GNLS), que a su vez subcontrató a una compañía brasileña (OAS)
implicada en escándalos de corrupción en su país.
Según
Pablo Abdala, diputado de la opositora Alianza Nacional e impulsor de la
denuncia, la adjudicación se inscribe en el contexto de las relaciones que
tenían los gobiernos de Uruguay y Brasil. "Yo no puedo afirmar que el ex
presidente (Luiz Inácio) Lula (da Silva) haya hecho una intermediación directa
con el presidente Mujica (a favor de OAS), pero hay versiones insistentes en
ese sentido, y no parecen descabelladas".
El
descubrimiento que hicieron los legisladores fue que, mientras duró el proceso
de construcción de la planta regasificadora que se proyectaba instalar en
Puntas de Sayago, todo se desarrolló con total normalidad y ajustado a derecho,
en tanto factores exógenos provocaron que la obra, "lamentablemente, no
pudiera continuar”. Fue porque no se encontró gas.
Pero
la oposición conservadora considera que las obras, paralizadas desde febrero de
2015, pueden generar pérdidas al Estado por unos 65 millones de dólares.
*VENEZUELA
En
Venezuela hay varias denuncias de corrupción, pero ningún presidente o
vicepresidente ha sido procesado, solo
funcionarios de menor rango.
El
personaje más alto mencionado por haber acumulado miles de millones a toda
velocidad, ha sido la hija de Hugo Chávez, el presidente fallecido. María
Gabriela Chávez (nacida 12 de marzo de 1980)
a sus 35 años poseía en sus cuentas de Andorra y Estados Unidos 4.197'000.000
de dólares que “le conceden el ostentoso título de la mujer más millonaria
de Venezuela, muy por encima de empresarios como Lorenzo Mendoza, dueño de
Empresas Polar”, según reseñó Diario Las Américas, el 7 de agosto 2015.
De
acuerdo a esta cifra, la fortuna de la hija del llamado “líder de la Revolución
Bolivariana” a quien su padre la llamaba: “mi heroína”, supera a la del
empresario Gustavo Cisneros, quien según la revista Forbes posee un capital de
3.000'600.000 dólares.
María
Gabriela, la segunda de los cinco hijos conocidos que tuvo el fallecido
presidente Hugo Chávez, nunca ha sido ni siquiera investigada.
La
fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, dijo disponer de "muchas
pruebas" que involucran
directamente al presidente Nicolás Maduro y a otros funcionarios chavistas en
millonarios casos de corrupción, entre ellos Diosdado Cabello.
En
Venezuela, Odebrecht ha participado en obras del aeropuerto de Maiquetía,
teleféricos en Caracas, trabajos en una central hidrológica y un puente sobre
el Lago de Maracaibo, la ciudad más poblada de Caracas, entre otros. Una decena
de ellas están paralizadas. No se conoce de investigaciones sobre este tema.
Lo
que hubo fueron investigaciones y acciones judiciales a nivel internacional que
provocaron sanciones de Estados Unidos a altos funcionarios. Lo más impactante
sucedió el 25 de septiembre 2018, cuando el Departamento del Tesoro de Estados
Unidos anunció sanciones a Cilia Flores, esposa del presidente Nicolás Maduro,
y a otros tres dirigentes de lo que el gobierno estadounidense define como el
"círculo cercano" del mandatario venezolano.
Los
otros tres sancionados son la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, su hermano y
ministro para la Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, y el ministro de
Defensa, Vladimir Padrino López, anunció la Oficina de Control de Activos
Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés).
El
28 de noviembre 2018 se conoció que una corte judicial de West Palm Beach, en
el sur de la Florida, ha condenado a diez años de prisión al venezolano
Alejandro Andrade, extesorero de la República y cercano colaborador de Hugo
Chávez, por los delitos de blanqueo de capitales y sobornos millonarios durante
su gestión, comprendida entre los años 2007 y 2011. Andrade, teniente retirado
del ejército que acompañó a Chávez en su levantamiento militar de 1992, se
había declarado culpable de los cargos en el proceso judicial. Se le acusa de
haber lavado 1.200 millones de dólares provenientes de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y del Banco de
Desarrollo Social (Bandes), dos de las palancas por excelencia del chavismo
para expandir la influencia de la revolución bolivariana allende las fronteras
venezolanas.
Producto
de esta presión internacional fue una investigación interna de PDVSA, la
principal compañía pública del país. El resultado fue divulgado el 22 de
noviembre 2018. Varios de sus ex directivos defraudaron a la compañía, al
menos, 500 millones de dólares (439 millones de euros) auto concediéndose
contratos de compra de material a sus propias sociedades, amañando las
licitaciones en su propio beneficio y blanqueando su botín en España, donde
vivían como reyes. De 48.000 contratos examinados en el periodo comprendido
entre 2009 y 2015, un total de 2.562
fueron a empresas de Roberto Rincón Fernández y Abraham Shiera.
NORTEAMÉRICA
*MÉXICO
En
2014, la periodista Carmen Arístegui sacó a la luz un escándalo que
implicaba al presidente
de México. Enrique Peña Nieto y su mujer, Angélica Rivero,
vivían en una lujosa mansión que estaba a nombre de una filial de la
constructora Grupo Higa. Esta compañía había logrado millonarios
contratos con el estado de México cuando Peña Nieto era su
gobernador. El propio mandatario ordenó una investigación que concluyó diciendo
que no existía ningún conflicto de intereses.
Una bomba
explotó el 15 de enero 2019, cuando durante el juicio a Joaquín “El Chapo”
Guzmán, el testigo colombiano vinculado al negocio narco, Alex Cifuentes, dijo
que “Guzmán pagó un soborno de $100 millones al expresidente mexicano Enrique
Peña Nieto… El envío de dinero lo hizo una mujer conocida como Comadre María en
Ciudad de México en octubre del 2012, señaló. En ese momento Peña Nieto era
presidente electo... Guzmán era quien se lo había explicado. Sin embargo, en
otra sesión del interrogatorio ocurrida en el 2018 Cifuentes dijo que no tenía
tan claras cuáles habían sido las cifras”, según informó Telemundo. No se conoce
que se hubiese abierto una investigación a Peña Nieto por esta causa.
CENTROAMÉRICA
*COSTA RICA
Costa
Rica no tiene a ninguna alta autoridad involucrada en corrupción, pero
autoridades de Perú y Brasil habían alertado de que cerca de 17 millones de dólares
en supuestos sobornos, pagados por la empresa constructora brasileña Odebrecht,
fueron movilizados a cuentas bancarias de sociedades anónimas en Costa Rica. En
noviembre 2017, la fiscala general de la República de Costa Rica, Emilia Navas
Aparicio, ordenó la reapertura del caso seguido contra el expresidente del
Perú, Alejandro Toledo y otras cuatro personas (como se indica en el capítulo
referente al Perú, en esta nota).
CUBA.
En este país con un sistema político herméticamente cerrado, no se conoce que
alguna autoridad o funcionario del gobierno estuviese involucrado en
corrupción, pero BBC Mundo recuerda que por allí también pasó el polémico
gigante brasileño Odebrecht. El 9 julio 2015 Odebrecht debutó en Cuba con la
ampliación de Puerto Mariel, una iniciativa defendida por la presidenta
brasileña, Dilma Rousseff en su campaña electoral del 2014. El proyecto incluyó
la construcción de una terminal de contenedores de 700 metros de extensión, con
autopistas de acceso y ferrovías hasta La Habana, a 45 kilómetros de distancia.
EL SALVADOR
(Procesados 3 ex presidentes)
El
ex presidente Francisco Flores fue detenido por peculado, lavado de dinero y
enriquecimiento ilícito. Falleció en enero 2016 cuando empezaba a ser juzgado.
El ex presidente Elías Antonio Saca fue detenido por peculado, agrupación
ilícita y lavado de dinero. El 10 de agosto 2018, diario El País de España
publicaba esta nota: ‘El expresidente Saca confiesa su millonario desfalco a
las arcas de El Salvador’. Decía que, “A cambio de reducir su condena, el
exmandatario de ARENA detalló la metodología con la que vació de forma
continuada las cuentas públicas”.
El
ex presidente Mauricio Funes (2009-2014) está prófugo
en Nicaragua desde septiembre de 2016. Se le acusa de enriquecimiento
ilícito. También se le investiga por un aporte de Odebrecht para su campaña. El
19 de enero 2019, el juzgado Quinto de Paz de San Salvador, ordenó el arresto
de Funes, de 58 años, que continúa asilado en Nicaragua; del exfiscal
Diego Balmore Escobar (54); y del periodista Lafitte Fernández Rojas, de 64
años, por "revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por
empleado oficial en perjuicio de la administración pública", consignó un
comunicado judicial.
GUATEMALA (procesados
6 expresidentes, 1 vicepresidenta)
Guatemala
es país pionero en la lucha contra la corrupción con el apoyo de las Naciones
Unidas. ¿Por qué tomó esa decisión?, lo responde la Comisión Internacional
contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). El conflicto armado interno en
Guatemala, el cual duró 36 años, concluyó en 1996 con la firma de los Acuerdos
de Paz iniciándose el ambicioso proceso de establecer una sociedad democrática
y global. Sin embargo, doce años más tarde, la Misión de Verificación de las
Naciones Unidas para Guatemala, conocida como MINUGUA, así como organizaciones
de derechos humanos y el Procurador de los Derechos Humanos (Ombudsman),
continuaron informando sobre la existencia de grupos que amenazaban a los
defensores de los derechos humanos, así como a los oficiales investigadores del
sector de justicia encargados de los crímenes políticos cometidos durante la
guerra. Las instituciones de los sectores de justicia y seguridad habían sido
penetradas y socavadas por estas mafias, lo que limitaba la capacidad del
Estado para desmantelarlas. Y faltaba voluntad política para enfrentar la
situación.
Después
de una ola de ataques contra defensores de los derechos humanos, en 2002, una
coalición de ONGS de derechos humanos lanzó una campaña cuyo objetivo era
persuadir al Gobierno para que estableciera un órgano encargado de investigar
las actividades de estos grupos. A principios de 2003, el Gobierno de Guatemala
pidió al Departamento de Asuntos Políticos (DAP) de las Naciones Unidas,
asistencia a fin de desarrollar un mecanismo que ayudara al Estado a investigar
y enjuiciar a los miembros de esas agrupaciones. Después de debates y la acción
de una misión de exploración técnica, Naciones Unidas firmó un acuerdo con el
Gobierno de Guatemala, el 7 de enero de 2004, el cual contenía disposiciones
para la creación de la Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y de
Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS). Sin embargo, el acuerdo propuesto
generó amplia controversia en Guatemala y enfrentó una fuerte oposición en el
Congreso. Finalmente, se solicitó la opinión de la Corte de Constitucionalidad
y el fallo fue que ciertas partes del acuerdo violaban la delegación
constitucional exclusiva de poder el Ministerio Público.
El
Gobierno de Guatemala reescribió el texto y el acuerdo para establecer la
Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), se firmó con
las Naciones Unidas el 12 de diciembre de 2006, ratificado por el Congreso de
Guatemala el 1 de agosto 2007, y entró en vigor el 4 de septiembre (presidencia
de Óscar Berger).
El
mandato de la CICIG no tiene precedentes dentro de las Naciones Unidas.
Posee muchos de los atributos de un Fiscal Internacional, pero opera bajos las
leyes guatemaltecas, en las cortes guatemaltecas, usando el procedimiento penal
de Guatemala. La CICIG trabaja de cerca con miembros selectos del Ministerio
Publico y de la Policía Nacional Civil para elevar la experiencia en
investigaciones criminales y procesos judiciales, además, provee asistencia
técnica a éstas y otras instituciones del sector justicia. La meta es dejar a estas
instituciones fortalecidas con nuevas capacidades a sus miembros para afrontar
casos como éstos en el futuro.
También
trabaja en el fortalecimiento de las instituciones del sector judicial de
Guatemala con propuestas de reformas legales, para fortalecer el estado de
derecho en el país.
Desde
que el Ministerio Público trabaja conjuntamente con la Comisión Internacional
contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), las más altas esferas han visto
tambalear sus estructuras de poder. Estos dos órganos independientes, a la
cabeza de Thelma Aldana, la fiscal general, y el exmagistrado colombiano Iván
Velásquez, jefe de la comisión, están detrás de todos los grandes golpes a los
corruptos.
De
10 presidentes que hubo en Guatemala desde 1991, seis, más una vicepresidenta
(junto a varios funcionarios y empresarios) han sido procesados por corrupción
y otros delitos. Ese resultado incomodó y preocupó a los políticos que
comenzaron a renegar de la CICIG y a atacarla.
El
candidato Jimmy Morales, otrora comediante, tuvo durante la contienda electoral
un discurso anticorrupción con el eslogan: “Ni corrupto ni ladrón” y alababa
las labores de la CICIG. En enero 2016 asumió la presidencia y solicitó la
prórroga del mandato de la comisión por dos años más. Sin embargo, eso no
impidió que Aldana y Velásquez lo investigaran también a él, lo que convirtió a
la CICIG en una piedra en su zapato.
Comenzó
el 2017 con una relación tensa entre Morales y la Justicia por la captura del
hermano y del hijo del presidente por el caso Botín Registro Propiedad, un
capítulo más de desfalco al Estado. Cobraban grandes sumas de dinero por unos
eventos que jamás tuvieron lugar.
A
los dos días de haber hecho el pedido, el presidente Morales declaró persona
non grata al comisionado colombiano Iván Velásquez, jefe de la CICIG, y ordenó
expulsarlo del país. La Corte de Constitucionalidad lo protegió con un amparo.
La
segunda petición ocurrió en octubre del 2017, luego de que los medios locales revelaran que Morales había
recibido más de 60 mil dólares de sobresueldo por parte del ejército, por ser
comandante general de las Fuerzas Armadas. La Corte rechazó la petición de
enjuiciamiento después de que el presidente devolviera el dinero, solo el
exministro de Defensa, Williams Mansilla, fue procesado.
La
Fiscalía General y la CICIG hicieron otra petición de enjuiciamiento el 10 de
agosto 2018 porque, según su denuncia, durante la campaña del 2015, Morales era
secretario general y representante legal del partido Frente de Convergencia
Nacional (FCN-Nación) que recibió de empresarios un millón de dólares para la
campaña electoral. Estos recursos no habrían sido registrados en la
contabilidad de la agrupación política ni reportados al Tribunal Supremo
Electoral (TSE).
El
31 de agosto 2018, el vocero de la comisión, Matías Ponce, relató a The
Associated Press que al menos 12 vehículos militares estaban afuera del
edificio de la CICIG. El procurador de los Derechos Humanos calificó lo
sucedido como una “presencia descomunal intimidatoria”. Morales retiró la visa
a Velásquez y a todos los funcionarios internacionales de la CICIG, y volvió a
pedirle a la ONU que retirara a Velásquez de la Comisión, además, anunció que
no renovará el mandato de la CICIG que vence en 2019.
El
Secretario General de la ONU, António Guterres, reiteró su confianza en la
tarea de Velásquez, pero el 20 de septiembre 2018 admitió que “hay una situación
de hecho y, en ese sentido y en consultas con el Gobierno de Guatemala, hemos
de escoger a un vicecomisionado o un comisionado adjunto que tenga la capacidad
de ordenar las decisiones de la CICIG”.
El
7 de enero 2019 Morales reiteró su decisión de no renovar el mandato de la
CICIG y daba a los fiscales del organismo un día para salir del país. El 9 de
enero, poco después de que los fiscales internacionales y guatemaltecos del
organismo salieran del país, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala se
pronunció en contra del presidente Morales, quien se negó a cumplir la orden de
reinstaurar la comisión, misma que Velásquez continúa dirigiendo en el
extranjero. Mientras, Morales hace caso omiso del respaldo popular a la
Comisión.
Presidentes guatemaltecos procesados
Jorge
Serrano Elías inició su mandato en 1991 y en junio de 1993 intentó un autogolpe
de Estado fracasado por la presión social y la falta de apoyo militar,
entonces, huyó a Panamá. Allí permanece, mientras el Ministerio Público de
su país les acusa a él y a varios de sus familiares de usurpación de funciones,
peculado, malversación, abuso de autoridad, fraude, violación a la Constitución,
abandono del cargo, incitación pública, abuso contra particulares,
encubrimiento propio.
Álvaro
Arzú, presidente de 1996 a 2000, fue un personaje influyente dentro de la
política guatemalteca, y polémico. Entre 1991 y 1992, cuando se desempeñó como
canciller del entonces presidente Jorge Serrano Elías, firmó el acuerdo con el
que Guatemala reconoció la independencia de Belice, pese al diferendo
territorial, insular y marítimo que mantenían ambas naciones.
En
su presidencia dio paso a privatizaciones, muy cuestionadas, por cierto. En octubre
de 1997, Arzú decidió la privatización de la empresa Ferrocarriles de Guatemala
(Fegua), el usufructo fue entregado a la empresa estadounidense Railroad
Development Corporation, la cual durante el gobierno de Óscar Berger
(2004-2008) fue declarada lesiva por lo cual la compañía acudió a un arbitraje
internacional en el cual perdió el país.
La
Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones (Guatel) fue vendida por US$700.1
millones a una compañía creada dos años antes y con un capital de Q5 mil que
fue incrementado un mes antes de la subasta. Luca, la empresa a la que se le
adjudicó la subasta, no tenía ninguna experiencia en el área de la telefonía. Un
año después de la venta se conoció que la telefónica mexicana Telmex tenía una
participación del 75 por ciento de las acciones y sería quien desembolsaría el
segundo de los pagos al Estado. Telmex, que después se convertiría en América
Móvil, era propiedad del magnate mexicano Carlos Slim.
También
fueron vendidas: la Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. (EEGSA); la compañía
de aviación Aviateca y el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Bandesa). Se concesionó
la administración, con cobro de peaje, de la autopista Palín-Escuintla, de la
cual el Estado obtiene regalías de tan solo el uno por ciento sobre el total de
las ganancias.
Después,
Arzú se fue elegido alcalde capitalino, gestión marcada por el manejo de fondos
a través de tres fideicomisos: Metropolitano de Manejo de Recursos Naturales y
Recreación (Manrec), Apoyo a la Planificación Urbana (FAPU) y de Transporte de
la Ciudad de Guatemala (Fidemuni); los cuales han sido señalados por la
Contraloría General de Cuentas (CGC), de pagos excesivos y delegación de
funciones. Cuando se descubrió este negocio, se obstruyó la fiscalización.
Arzú
siempre fue intolerante con la prensa que lo criticaba, pero sus expresiones
subieron de tono después de octubre de 2017 cuando una investigación del
Ministerio Público (MP) y la CICIG reveló que habría utilizado fondos de la Municipalidad
de Guatemala para financiar su campaña política, además de pagar favores de
manera ilícita a uno de sus antiguos colaboradores, el excapitán del Ejército
Byron Lima Oliva, asesinado en la cárcel Pavón en julio de 2016.
Por
su gran influencia, Arzú logró que uno de sus hombres de confianza, Enrique
Degenhart Asturias, fuera designado por el presidente Morales, ministro de
Gobernación, y es quien lidera la actual estrategia contra la CICIG y el MP
desde el Consejo Nacional de Seguridad (CNS). Resultado de aquello ha sido el
bloqueo de las investigaciones de estas entidades.
Arzú
ejercía su quinto periodo como alcalde de la ciudad de Guatemala cuando un paro
cardiorrespiratorio terminó con su vida mientras practicaba deporte, en abril
2018. En un tuit, el Presidente Jimmy Morales lo calificó de “un verdadero
amigo” porque Arzú fue su principal aliado político y consejero –desde
septiembre de 2016– cuando su hermano e hijo se vieron involucrados en un caso
de corrupción (ya relatado).
Alfonso
Portillo (gobernante del 2000 al 2004) es el primer ex presidente extraditado a
Estados Unidos por corrupción. En el 2003 ya construía una mansión-fortaleza a
prueba de balas. En julio 2005, una juez penal emitió una orden de captura en
contra de Portillo, acusándolo de peculado y malversación de fondos públicos
por el desvío de 120 millones de quetzales (unos 15,7 millones de dólares).
Pidieron su extradición a México, donde residía, y se dio en 2008. Ya en
Guatemala obtuvo libertad bajo fianza, pero en enero 2010, la fiscalía de
Miami, Estados Unidos, pidió su extradición por lavado de dinero "ya que
utilizó bancos de Estados Unidos para desviar a cuentas particulares fondos del
erario guatemalteco". Cuando intentaba huir a Belice le detuvieron y en
2011 fue enviado a Nueva York donde un juez le acusó de ingresar en bancos
estadounidenses cerca de 70 millones de dólares (luego subieron a 80 millones)
robados al Estado guatemalteco. Portillo admitió haber lavado solo 2,5 millones
procedentes de los sobornos del Gobierno de Taiwán para el reconocimiento
diplomático de Guatemala, a la isla.
La
administración del primer presidente guatemalteco extraditado a Estados Unidos fue
considerada la más corrupta, sin embargo, solo le condenaron a 70 meses de
cárcel (5 años 8 meses), pero Portillo estuvo detenido año y medio porque
consiguió que la condena comenzara a contarse a partir de su arresto en
Guatemala, en 2010. En febrero 2015, ya en su país dijo: "Regreso como el
hijo pródigo… El país no va bien. Es necesario y urgente un cambio de rumbo".
Y regresó a la política.
Álvaro
Colom gobernó del 2008 al 2012. La Comisión Internacional Contra la Impunidad
en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público estaban llevando a cabo una serie
de allanamientos y capturas en distintos puntos del país, ligados al caso
“Transurbano” que tiene que ver con la adquisición de una flota de buses que
funcionan en la Ciudad de Guatemala. El martes 13 de febrero 2018 se conoció
que entre los detenidos estaba el expresidente Álvaro Colom. Fue detenido por
peculado y fraude. Al parecer, con el pretexto de modernizar el transporte
público de la ciudad de Guatemala, en 2009, los funcionarios habrían omitido
procedimientos y estudios legales para desviar cerca de 35 millones de dólares
del patrimonio nacional.
Junto
a él han ido a prisión nueve exministros de su gabinete, entre ellos, el extitular
de la cartera de Finanzas y presidente de Oxfam Internacional, Juan
Alberto Fuentes Knight quien, según la prensa británica, es uno de los máximos responsables
de una ONG global supersubvencionada e hiperideologizada que ha horrorizado al
mundo con los escándalos sexuales que están saliendo a la luz.
Otto
Pérez gobernó del 2012 al 2015. El primer militar electo popularmente en la
nueva era democrática de Guatemala, se vio obligado a dimitir en 2015 por su
responsabilidad en el caso conocido como La Línea. Pérez Molina y su
vicepresidenta, Roxana Baldetti se beneficiaban de una red de contrabando que
sobornaba a empresarios a cambio de reducir los impuestos de importación de sus
mercancías.
Aunque
todavía no hay condena para Otto Pérez, la pérdida del fuero que lo protegía y
su posterior captura, en septiembre de 2015, son un precedente excepcional en
Guatemala.
A
inicios de diciembre de 2016, la fiscalía guatemalteca pidió la inmovilización
de 12 inmuebles relacionados con Alejandro Sinibaldi, excandidato presidencial
y ministro de comunicaciones durante el gobierno del presidente Otto Pérez
Molina. Las pistas que los fiscales encontraron en esos allanamientos los
llevaron, entre otras, a una bodega en la zona 5 de la capital, relacionada con
la Constructora Benelli, una de las empresas asociadas a Sinibaldi, donde había
rastros de papeles quemados en un intento por ocultar huellas. En esta red de
corrupción estaban incluidos Pérez Molina, su vicepresidenta Roxana Baldetti y
media docena de sus ministros.
Otto
Pérez está acusado de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de
defraudación aduanera. En marzo 2018 pidió a un juez salir bajo arresto
domiciliario debido a complicaciones cardíacas que le pueden provocar la
"muerte súbita", pero su petición no fue atendida.
Roxana
Baldett Elías, vicepresidenta con Pérez, antigua aspirante a Miss Guatemala, está
acusada y detenida por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, peculado por
sustracción, cohecho pasivo y defraudación aduanera.
Fue
condenada a 15 años, 6 meses de prisión por el caso "Agua Mágica".
Los
fiscales alegaron que Baldetti malversó millones de un fondo estatal
establecido para descontaminar un lago con una sustancia supuestamente
especial. La fórmula química que se usó como parte del proceso de limpieza era
en realidad una solución de agua, sal y cloro. El acuerdo fue negociado por Mario
Baldetti, hermano de la exvicepresidenta, que no ostentaba cargo público y que
fue sentenciado a 13 años de prisión.
Luego
de que cumpla esta pena, a la ex vicepresidenta le esperan 3 procesos más: La
Línea, RIC, Cooptacion del Estado, y la extradición a Estados Unidos donde la
justicia le acusa de “asociación delictuosa y conspiración para el tráfico de
drogas” porque usó su alta posición dentro del gobierno para que las fuerzas de
seguridad beneficiaran al cartel de narcotraficantes los Zetas. Según las
investigaciones, “Baldetti Elías prometió que, como vicepresidenta, ella
restringiría las actividades de los cuerpos policiales para permitir que los
traficantes de droga, quienes contribuyeron a su campaña, utilizaran las rutas
terrestres, aéreas y marítimas para trasportar drogas a través de Guatemala”.
En
la campaña electoral, Baldetti Elías pidió a los Zetas que le brindaran
seguridad durante sus mítines políticos y también habría recibido 250.000
dólares de ese grupo criminal, como parte de un supuesto acuerdo con los
narcotraficantes.
Esta
información consta en la acusación formal del Departamento de Justicia de
Estados Unidos enviada en junio 2017 a Guatemala para pedir su extradición.
Por
estas denuncias, ahora los políticos acosan a la CICIG con el propósito de que
se vaya.
*HAITÍ
En
septiembre de 2016, un juez inició investigaciones sobre las denuncias de
lavado de dinero en contra de Jovenel Moïse. Sin embargo, él siguió su campaña
y ganó las elecciones en enero 2017, con su discurso: ‘combatir a la
corrupción’.
El
20 de ese mes, cuando faltaban semanas para que se posesionara como presidente
de Haití, el juez Brédy Fabien llamó a los más altos ejecutivos del banco
estatal Banque Nationale de Crédit (BNC) para que dieran su declaración acerca
de una de las cuentas bancarias de Moïse que tenía mucho movimiento. No pasó
nada. Moïse se posesionó y ante la asamblea general de las Naciones Unidas,
reunida en ese septiembre en Nueva York dijo: "Bajo todas sus formas, la
corrupción gangrena y atrofia la economía. Ha fragilizado profundamente las
bases políticas y desestabilizado el tejido social del país: es un crimen
contra el desarrollo". Y su caso de lavado de dinero fue tapado por un
gran escándalo que produjeron las supuestas ilegalidades cometidas por más de
una decena de funcionarios inferiores, entre 2010 y 2016, en la gestión de los
fondos de "Petrocaribe", un programa de créditos vinculado a las
compras de hidrocarburos venezolanos lanzado por el fallecido presidente de ese
país, Hugo Chávez, en favor de una decena de naciones del Caribe y América
Latina. Involucraba a las presidencias de René Preval y Michel Martelly, entre
2008-2016.
“Pero
es sumamente probable que este último informe parlamentario no tenga ninguna
consecuencia judicial, como sucedió con el anterior, de 2016, que ya había
cuestionado el comportamiento de una quincena de actores políticos sin que ello
diera lugar a proceso alguno”, decía un periódico local. Y así fue, porque en
Haití existe una tendencia a la impunidad. “Vole leta pa vole, expresión creole
que significa 'quien roba al Estado no es un ladrón'", es muy popular en
Haití, lamentaba el presidente del Senado Youri Latortue.
Pero
los haitianos comenzaron a irritarse y el 19 noviembre 2018 salieron a
protestar contra los supuestos casos de corrupción en torno a los fondos de
Petrocaribe. Exigían al gobierno que explicara la malversación de fondos en
este proyecto que movería 3.800 millones de dólares. Pedían la salida del
presidente Jovenel Moise por su fracaso a la hora de investigar los casos de
corrupción en el país. Pero lo único que consiguió esa manifestación fue seis
muertos, cinco heridos y 23 arrestados. Los convocantes de la coalición Sector
Democrático y Popular, han hablado de once muertos, 47 heridos y 75 arrestos.
HONDURAS
(1 presidente procesado)
El
28 de marzo del 2016, el ex presidente de Honduras Rafael Callejas (1990-1994)
se declaró culpable de participar en una trama de sobornos en la Concacaf,
cuando dirigía el futbol de su país.
Callejas
admitió su culpabilidad por cargos de crimen organizado y fraude electrónico.
El también expresidente de la Federación Hondureña de Fútbol entre el 2002 y el
2015, es uno de los 42 individuos a quienes se les acusa de haber aceptado unos
200 millones de dólares en supuestos sobornos a cambio de derechos de
transmisión y comercialización de varios eventos futbolísticos. La pena máxima
que podría afrontar Callejas es de 20 años de cárcel.
El
27 de noviembre 2018, Juan Antonio Hernández, hermano del presidente de
Honduras, Juan Orlando Hernández, fue acusado por fiscales federales en Estados
Unidos de traficar toneladas de cocaína, utilizar armas para proteger sus
cargamentos y brindar información falsa a agentes federales, según informó el
Departamento de Justicia estadounidense.
Fue
detenido en Miami donde será procesado.
*NICARAGUA
Nicaragua
es otro país donde la corrupción está encubierta por el manto del poder. En la
nota ‘El Estado orwelliano de Daniel Ortega’, publicada el 19 de febrero de
2018, el New York Times hacía algunas revelaciones.
En
diciembre de 2017, Estados Unidos acusó por fraude electoral y corrupción a
Roberto Rivas, presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE) nicaragüense.
Rivas cayó en la volteada por efecto de la Global Magnitsky Act, una ley
sancionada por el Congreso de Estados Unidos en 2012 con el propósito de
perseguir a corruptos y abusadores de los derechos humanos en todo el mundo.
Por
casi dos décadas, Rivas dirigió la oficina electoral de Nicaragua a la vez que
construyó una fortuna inexplicable compuesta de varias mansiones en
Centroamérica, una colección de carros de lujo, un yate y hasta un petit palace
de nueve millones de euros en el exclusivo Parque Conde de Orgaz de Madrid
donde tiene casa Zinedine Zidane. Hasta comenzar a amasar esa fortuna, Rivas
era propietario de una finca de café y tenía un sueldo de 60.000 dólares
anuales en el CSE.
Pero
también tenía un amigo, Daniel Ortega, presidente de Nicaragua desde 2007.
Rivas está acusado de operar de manera fraudulenta las elecciones de 2006 y
2011 que permitieron la consolidación de Ortega. En 2016, la Corte Suprema de
Justicia junto con el CSE descabezaron a la oposición y Ortega, que llevó como
vicepresidenta a su esposa, Rosario Murillo, ganó las elecciones sin
supervisión electoral.
Ahora
que Rivas necesitaba que le devolvieran el favor, el presidente estuvo a la
altura. Rivas fue removido de sus funciones en el CSE, pero Ortega le otorgó un
cargo honorario que mantendrá su inmunidad judicial.
Según
declaraciones ofrecidas al diario La Prensa, el 6 abril 2018, por el
coordinador y asesor de Transparencia Internacional (TI) en las Américas,
Alejandro Urizar, la “corrupción aumenta durante el gobierno de Ortega”, porque
en los países en que se practican sistemas de gobierno totalitario, “la
corrupción es inevitable”. En este país no se investigan las acusaciones de
corrupción y tampoco existe un castigo a los implicados, señala un informe de
esta organización.
En
Nicaragua, es la acción internacional la que trata de frenar a la corrupción y
también la violación de los derechos humanos que han provocado centenares de
muertos.
Lo
más impactante fue una sanción de Estados Unidos en contra de la
vicepresidenta. El 28 de noviembre 2018, el presidente Donald Trump firmó una
orden ejecutiva para sancionar a las autoridades nicaragüenses por participar
en abusos a los derechos humanos, en el retroceso democrático en el país
centroamericano y suponer una “amenaza contra la seguridad nacional”. En su
tercera ronda de sanciones contra Nicaragua, el Departamento del Tesoro subió
en el escalafón político hasta llegar a Rosario Murillo, la vicepresidenta
designada y esposa del mandatario Daniel Ortega y a Néstor Moncada Lau,
consejero nacional de seguridad.
Anteriormente,
el 5 de octubre 2018, la Red Contra los Delitos Financieros en Estados Unidos
publicó un ‘aviso’ por medio del cual informa a las instituciones
financieras de ese país, sobre el inminente riesgo de que fondos
procedentes de la corrupción política en Nicaragua puedan ingresar en su
sistema financiero, o transitar por él.
Por
su parte, el Departamento del Tesoro en EE.UU. comentó que políticos allegados
al régimen de Ortega pueden intentar transferir los fondos derivados por actos
de corrupción a otros países, como al sistema bancario estadunidense, por lo
que se tomarán las medidas necesarias.
Las
sanciones en contra de Murillo y Moncada bloquean todos sus bienes y activos
bajo jurisdicción de EE UU., e impiden a personas y entidades estadounidenses
hacer negocios con ellos.
PANAMA (1
presidente procesado)
El
21 de noviembre 2018 fueron arrestados los dos hijos varones del expresidente
panameño Ricardo Martinelli: Ricardo Alberto y Luis Enrique, en el área de
Miami (Florida), por motivos migratorios. Se encontraban en el país de forma
ilegal.
Ambos
se encuentran bajo custodia de ICE, en el centro de detención de Krome, en el
sur de Florida, a la espera de que se resuelva su situación jurídica ante un
tribunal migratorio, pero de por medio existe una solicitud del gobierno de
Panamá a EE.UU. de extradición de los hermanos Martinelli para que respondan
por un presunto caso de sobornos de la multinacional brasileña Odebrecht.
Los
dos hijos varones del expresidente Martinelli, que tiene también una hija,
están entre las 63 personas procesadas en Panamá por el caso Odebrecht.
El
expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) fue extraditado a Panamá en junio
pasado desde Miami, donde estuvo detenido un año, para responder por los
delitos de interceptación ilegal de comunicaciones y enriquecimiento ilícito,
por los que fue detenido en 2017 en su casa de Coral Gables.
*REPÚBLICA DOMINICANA
De
acuerdo con las confesiones de ejecutivos de Odebrecht, la compañía pagó 92
millones de dólares en sobornos para obtener contratos con el gobierno
dominicano entre 2001 y 2014. El 12 de agosto 2018, miles de personas marcharon
hacia la sede del poder Judicial de República Dominicana en protesta por la
lentitud en el proceso judicial contra los involucrados en los sobornos
millonarios de la empresa brasileña y reclamar por la impunidad.
La
Procuraduría comenzó su investigación en enero 2017, luego de que ejecutivos de
Odebrecht hicieran su declaración.
El
Ministerio Público mantiene su solicitud de apertura de juicio de fondo contra
los imputados Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga, senador Tommy
Galán, Andrés Bautista, Jesús Vásquez y Roberto Rodríguez.
Los
abogados de la defensa de los imputados han venido solicitando la inclusión de
testigos, entre los cuales figuran el presidente Danilo Medina y los
expresidentes Hipólito Mejía y Leonel Fernández, además de numerosos
funcionarios y exfuncionarios.
(*)
Países que no registran presidente ni vicepresidentes procesados.
Publicado también en: www.planv.com.ec
